Los diputados mexicanos desviaron en la anterior legislatura 506,5 millones de pesos, unos 30,6 millones dólares al tipo de cambio de entonces, a través de más de un centenar de empresas fantasma. Entre 2013 y 2018 los diputados contrataron a 130 empresas que posteriormente fueron señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de haber simulado sus operaciones. Los servicios que facturaron van desde asesorías para elaborar iniciativas de ley hasta la compra de artículos de oficina y enciclopedias, según una base de datos del SAT a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Sin embargo en los comprobantes fiscales no se identifica qué legislador o instancia administrativa realizó la compra. También desviaron a firmas fantasma recursos de la partida económica que reciben para sus labores de gestoría social y que eran para la adquisición de colchonetas, sillas de ruedas y despensas destinadas a apoyar a los ciudadanos de sus distritos. En 2019, ya bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los legisladores aprobaron una ley para castigar el uso de las empresas fantasma con las que se defrauda al fisco.
La empresa que más recursos recibió es Aacors Solucion, constituida el 30 de octubre del 2015 en Villahermosa, Tabasco, y que al año de su fundación logró los primeros contratos con la Cámara de Diputados. Los documentos de los procedimientos de compra no están publicados en el portal de transparencia. En 2017, en una auditoría, se detectó que la compañía no aparecía en el listado oficial de contratistas pese a los pagos realizados. Por ello se le pidió a la dirección encargada de las adquisiciones incluirla en su padrón de proveedores y contratistas. La Cámara de Diputados le pagó a Aacors poco más de 283 millones de pesos (15,1 millones de dólares) a través de 107 facturas que justificaban la supuesta compra de cartuchos para impresoras y otros artículos de papelería, como sobres, engrapadoras, carpetas, hojas, clips y bolígrafos.
Durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto las empresas fantasma se convirtieron en un esquema estructural para el desvío de recursos públicos. Un ejemplo del uso generalizado en el que estuvieron implicadas fue el caso de la llamada Estafa Maestra, donde diversas dependencias con la ayuda de universidades triangularon cientos de millones de pesos que pasaron por firmas de papel. El modelo de la facturación falsa fue utilizado por gobernadores como Javier Duarte en Veracruz y en dependencias de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta el Ejército mexicano, como lo documentó EL PAÍS el año pasado. Tras el cambio de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una cruzada contra las facturas falsas que se usan para evadir el pago de impuestos.
