También plantearon a la alta corte que declare nulo el auto de apertura a juicio que dio el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Polanco.
De acuerdo con el abogado Ramón Núñez, quien forma parte de la barra de defensa del exministro, hay muchas pruebas documentales, las cuales tienen que ver con información financiera del imputado, que fueron producidas por el órgano acusador luego de que venciera el plazo de 15 días que tenían de vigencias las resoluciones dadas por el juez de la instrucción que llevaba el control del caso.
Entre las pruebas que buscan sean anuladas están informes de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, y otras relacionadas a informes societarios.
Además plantearon al Pleno de jueces de la Suprema Corte de Justicia la exclusión de las delaciones premiadas, pruebas testimoniales de peritos que trabajan como funcionarios del Ministerio Público. Consideran que esas pruebas están viciadas y por consiguiente, afectan el derecho de defensa.
Volvieron a criticar que el Ministerio Público, durante todo el proceso, se ha concentrado en publicitar en los medios que tiene una acusación fuerte y ha dejando vencer plazos y hacer diligencias, a pesar de haber obtenido autorizaciones.
Al final de la audiencia, la defensa de Díaz Rúa además solicitó al Pleno acoger la excepción de incompetencia, en razón de que Díaz Rúa ya no tiene el cargo de ministro para estar siendo juzgado en jurisdicción privilegiada. Quieren que declinen el caso al presidente de la Cámara Penal de los Juzgados de Primera Instancia.