Gremios estudiantiles, docentes, sanitarios y la ciudadanía autoconvocada volvieron ayer lunes a protestar en las calles de Chile para pedir derechos básicos garantizados mientras el Gobierno analiza en los despachos las posibilidades para cambiar o reformar la Constitución.
Las manifestaciones se replicaron desde la mañana hasta el atardecer en varias ciudades del país austral para exigir una educación pública gratuita, mejoras en el sistema de salud o reformas en el sistema de pensiones, exigencias compartidas por la gran mayoría de los ciudadanos del país austral.
Las manifestaciones se replicaron desde la mañana hasta el atardecer en varias ciudades del país austral para exigir una educación pública gratuita, mejoras en el sistema de salud o reformas en el sistema de pensiones, exigencias compartidas por la gran mayoría de los ciudadanos del país austral.
La calle volvió a ser el lugar donde expresar las críticas a un sistema desigual, al igual que ocurrió en los pasados 24 días, en los que ya han fallecido 20 personas desde que comenzaron las protestas en Chile.
De forma paralela, el debate político se centra ahora en la apertura del Gobierno a abrir un proceso constituyente para elaborar una nueva Carta Marga, en la manera de acometerlo y qué papel jugaría la ciudadanía.
Todo ello, a puertas de una huelga general convocada para este martes que amenaza con paralizar un país que lleva más de tres semanas afectado por el estallido social contra la desigualdad
La Constitución
El Gobierno chileno abrió la puerta a la elaboración de una nueva Constitución, una tarea que corresponde al Congreso pero que contará “con una amplia participación ciudadana”, aunque desde el Ejecutivo reconocen no tener aún claro de qué forma le darán un papel activo a la gente.
La participación ciudadana se vislumbra como trascendental, dado el contexto actual de protestas y teniendo en cuenta que uno de los grandes reclamos en las calles es la apertura de una Asamblea Constituyente.