El ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, imputado en el juicio por los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios dominicanos, celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de desapoderarse del expediente y dividirlo para que sea la Sala Penal que conozca el caso del senador Tommy Galán Grullón y un Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el de los otros cinco imputados.
“Una decisión histórica, según he oído de los abogados, porque rompe 70 años de una tradición que estaba equivocada porque la gente tiene que tener derecho a defenderse. Por ejemplo, si yo no tengo nada que ver con Tommy Galán ni nunca he bregado con Tommy Galán, ¿por qué yo tengo que estar con él aquí en la Suprema?, y además, habían quitado asociación de malhechores. Fue una gran decisión de la Suprema. La felicito”, dijo Díaz Rúa, quien aseguró que quiere ir a juicio.
El exfuncionario de la corriente del expresidente Leonel Fernández dijo además que quiere ir a juicio para demostrar que en el expediente están los que no deben estar. “Alicia Ortega hizo un programa y ahí se dieron nombres, fechas, montos, ¿y qué pasó? Ahí hay un economista que admitió que cogió un dinero, ahí estaba Temístocles Montás que admitió que cogió un dinero y lo mencionan todos los delatores y no está”, enfatizó durante declaraciones en el programa radial El Sol de la Tarde.
El juicio por los sobornos 92 millones de dólares pagados por Odebrecht comenzará de cero luego de la decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia. Con el voto mayoritario de los jueces, el Pleno decidió enviar a la Cámara Penal de la jurisdicción del Distrito Nacional el expediente acusatorio de Ángel Rondón Rijo, Víctor Día Rúa, Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga y Juan Roberto Rodríguez, así como apoderar a la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte el conocimiento del juicio al senador Tommy Galán Grullón para que el Pleno sea competente de conocer apelación a la decisión final.
Al motivar la decisión, el Pleno dijo que si bien ha sido una constante que en los casos en donde un funcionario público es juzgado por la SCJ en jurisdicción privilegiada todos los coimputados en el caso también son arrastrados exista o no conexidad en los hechos imputados, a partir de ahora se varía esa tradición.
Cuatro jueces de la Cámara Penal, la que conocerá el expediente de Tommy Galán, emitieron el voto disidente, en su desacuerdo con la decisión de la mayoría del pleno, y son Frank Soto, presidente, y los miembros Vanesa Acosta, María Garabito Ramírez y Francisco Jerez Mena.
También votó en contra de la decisión Manuel Herrera Carbuccia, primer sustituto del presidente de la SCJ, Luis Henry Molina.
Herrera Carbucia consideró que el caso Odebrecht, “uno de los más importantes de la justicia penal en toda la historia republicana, se ha convertido en un ejercicio de laboratorio jurídico, donde no llegará el esclarecimiento de los hechos ni la mano de la justicia”.
Entiende que con la decisión se está violentando la lógica procesal ante la complejidad del caso y se trastorna el expediente al dividirlo. Según el juez, esto acarrearía el debilitamiento total de la acusación del Ministerio Público.