Una denuncia sobre la adjudicación de un contrato a una empresa que no participó en la licitación, provocó este miércoles, después de una investigación oficial, la destitución de siete funcionarios del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) y la renuncia de su directora, Berlinesa Franco.
Todo comenzó por la denuncia hecha por Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Zeta S.R.L, la cual participó en el concurso para la adquisición de 40,000 kits de alimentos para ser distribuidos a nivel nacional a 25,000 familias de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia durante el periodo de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.
Una comisión designada por el presidente Danilo Medina investigó el proceso de urgencia de Inaipi marcado como INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002 y encontró que se “se cometieron violaciones flagrantes a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones».