Desempleo, endeudamiento, quiebre de pequeñas y medianas empresas, aumento del gasto público, son algunos de los males heredados del 2020 por el COVID-19 que tendrán grandes repercusiones económicas para este 2021.
La recuperación que experimentó la economía durante los últimos meses del 2020, se ve seriamente amenazada por la expansión de una nueva cepa del virus, más agresiva en su transmisión, y con las nuevas restricciones en los horarios de circulación, que limitan aún más las labores empresariales y comerciales, disminuyendo sus capacidades de producción y ventas.
La necesidad de nuevos estímulos a la economía, de creación de empleos, de apoyo a los sectores productivos y de mantener las ayudas sociales a los sectores más vulnerables, requerirá que el Gobierno reoriente sus finanzas y en esto, todos los sectores, a pesar de sus diferencias, coinciden en la “obligatoriedad” de un pacto fiscal, contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) desde el 2012.
El Banco Central, en su última página abierta publicada en el año recién finalizado, exponía que una reforma fiscal redundaría favorablemente en la calificación crediticia del país y en garantizar la sostenibilidad del endeudamiento. Señala que el déficit estructural del sector público no financiero (SPNF), que se mantuvo estable en un promedio de 2.1% del PIB (2015-2019), se podría en un 9% del PIB al finalizar el 2020.
Las autoridades monetarias expresan que este pacto, que requerirá el sacrificio de todos los actores en la sociedad (ciudadanos, empresas y gobierno) deberá considerar el balance entre retornar gradualmente hacia una senda de sostenibilidad fiscal e impulsar la recuperación de la actual crisis económica y sanitaria.
Agregan que el Gobierno requerirá de mayores ingresos, de financiamiento y de la reducción de gastos que puedan considerarse innecesarios, especialmente si se contempla estabilizar el nivel de endeudamiento, al menos en el mediano o largo plazo.
Algunos economistas, como Miguel Collado Di Franco, insisten en que el pacto fiscal que se debe abordar este año debe ser diferente a las reformas propiciadas en otros años. Que debe tener una Ley de Responsabilidad Fiscal, tal como lo establece la END y una modificación al Código Tributario para simplificarlo.
Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) llamó la atención sobre la insostenibilidad de las finanzas públicas si no se toman las medidas correctas en el tema fiscal y de manejo del gasto. Advierte que las consecuencias se podrían reflejar en los niveles de inflación para los próximos meses y el tipo de cambio.
Una perspectiva positiva
A pesar de las nuevas restricciones y amenazas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) había previsto que República Dominicana logrará en 2021 un crecimiento del producto bruto interno (PIB) de 5%. Señala que la inversión en obras públicas será determinante para la reactivación económica, ya que la recuperación del sector turístico podría requerir más tiempo.
Refiere que el presupuesto nacional de este año contempla un déficit fiscal del gobierno central equivalente al 3% del PIB, en un esfuerzo por contener del gasto. Mientras que, el balance de la cuenta corriente, que se estima en -2,5% del PIB.
Asimismo, Cepal señala que si se logra la estabilización del abastecimiento de alimentos, la inflación podría disminuir y ubicarse en el promedio de la meta del Banco Central para este 2021.
En un análisis publicado por la firma consultora Analytica bajo la autoría de Raul Ovalle Marte, señala que el país tendrá un crecimiento económico de entre 5.75% y 6.25%, igual había previsto el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, durante el encuentro virtual “Situación Económica de la Región y Perspectivas 2021”, organizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Este crecimiento dependerá de la demanda externa apoyada por el repunte de la economía de Estados Unidos. También, se fundamentará en la implementación de un segundo estímulo fiscal que, entre otras medidas, deberá extender y potencialmente aumentar las transferencias sociales a los hogares.