El presidente Luis Abinader inició el proceso para la recuperación de lo que definió como «patrimonio público distraído mediante corrupción».
Mediante el decreto 22-21, el Mandatario declaró de «interés nacional» la recuperación del patrimonio público que se haya defraudado y precisó que la recuperación de estos bienes, valores o derechos se invertirán en proyectos que mejoren la calidad de vida del pueblo dominicano, quien es «su verdadero propietario».
El decreto también instruye a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para que conforme a un equipo de abogados de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad coordinados por Jorge Luis Polanco Rodríguez e integrado, además, por José Luís Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez.
Con esta acción se procura el fortalecimiento de la hacienda pública y el desmonte de un estado prácticamente inamovible de impunidad.
