Tras el levantamiento del estado de emergencia, el Ministerio de Salud Pública adoptó la Resolución No. 000048, que entre otras medidas, exige la tarjeta de vacunación a la población mayor de 12 años para asistir a lugares públicos, privados y acceder a los distintos medios de transporte público.
Con esta medida, derechos como el libre tránsito, libertad de reunión y asociación estarán limitados por la presentación de un reporte de inoculación. Esta decisión, sin un estado de excepción de por medio, provoca un choque de derechos fundamentales, coincidieron expertos en derecho.
Para el abogado constitucionalista Francisco Álvarez, salvaguardar el derecho a la salud prevalece sobre el derecho al libre tránsito, por lo que consideró como constitucional la decisión del organismo rector de la Salud en la República Dominicana.
