El director general de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, advirtió que el manejo judicial del caso “Operación Lobo” generan obstáculos que podrían desincentivar los acuerdos de colaboración entre el Ministerio Público y los imputados.
Tras la imposición de arresto domiciliario para los diez acusados en esta red de corrupción que habría desviado más de 108 millones de pesos mediante sobornos para contratos de seguridad en entidades públicas, Camacho manifestó que “Desde el Poder Judicial se predica en teoría la importancia de los acuerdos en el proceso penal, pero en la práctica se toman decisiones que podrían desincentivar estos mecanismos de colaboración”.
Cinco de los implicados ya admitieron su participación y colaboran con las pesquisas, por lo que habían solicitado medidas menos gravosas, pero el tribunal les impuso la misma medida que a quienes no han colaborado, lo que según Camacho, “podría desalentar futuras colaboraciones”.
El procurador también anunció que “no descarta la realización de una operación Lobo 2.0”, señalando que las investigaciones apenas comienzan y que hay indicios suficientes para ampliar la pesquisa a nuevos implicados e instituciones comprometidas.
Camacho enfatizó la importancia de fortalecer la cooperación entre instituciones para combatir la corrupción y la necesidad de que las decisiones judiciales estén alineadas con este propósito para evitar que se frenen los avances en casos complejos como este.