Desde que el Congreso Nacional convirtió el pasado jueves en ley el proyecto que propone reformar el Código Penal utilizado en el sistema judicial del país, diversos sectores de la sociedad han manifestado posiciones encontradas sobre la evolución que esta decisión podría significar.
A pesar de que se han registrado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en algunas tipificaciones y otros aspectos, el tema principal continúa siendo la interrupción del feto en las “tres causales”. Esto, debido a que representantes de la población consideran que lo aprobado por los legisladores aún no despenaliza el aborto cuando se realiza para proteger a la madre o el feto.
Sin embargo, el futuro de la modernización del marco penal dominicano pasa ahora a las manos del presidente Luis Abinader, quien deberá determinar en un plazo de 10 días, luego de haberla recibido, si promulgará u observará la pieza enviada por los congresistas.
Pro causales
El primer mandatario ha fijado desde diciembre de 2020 su posición al respecto, indicando que, aunque están en desacuerdo con el aborto libre, respalda la obstrucción médica de un embarazo cuando este sea producto de un incesto o violación sexual. Al igual que en los casos que el bienestar de la madre o el feto estén en peligro.
