El nuevo Código Penal de la República Dominicana establece penas más severas para los funcionarios públicos que cometan delitos relacionados con el mal manejo de fondos y bienes del Estado, incluyendo la malversación, el peculado y el pago irregular de contratos administrativos.
De acuerdo con los artículos 303 al 307 de la normativa, aprobada recientemente por el Congreso Nacional, los servidores públicos que desvíen o utilicen de forma indebida recursos del Estado enfrentarán condenas que van desde los dos hasta los veinte años de prisión mayor, además de cuantiosas multas económicas.
El artículo 303 tipifica como malversación de fondos públicos el uso fraudulento de recursos para fines distintos a los autorizados. Este delito conlleva una pena de dos a tres años de prisión menor y multas de hasta quince salarios mínimos del sector público.
En tanto, el artículo 304 establece el delito de peculado, cuando un funcionario sustrae fondos públicos para beneficio propio o de terceros. En estos casos, la sanción será de diez a veinte años de prisión mayor, y multas que pueden alcanzar hasta veinte veces la suma defraudada, o en su defecto, del último salario percibido.
El código también introduce el concepto de peculado de uso, que sanciona el uso indebido de bienes estatales sin que haya apropiación directa. Esta infracción será castigada con cinco a diez años de prisión y multas de hasta veinte salarios mínimos.
Asimismo, el artículo 305 responsabiliza a los funcionarios que, por negligencia o complicidad, permitan la distracción de recursos por parte de particulares, mientras que el artículo 306 sanciona con hasta diez años de cárcel a quienes autoricen pagos por obras o servicios públicos ejecutados de forma irregular o defectuosa.
Como complemento, el artículo 307 establece que, además de las penas privativas de libertad y multas, los condenados podrán ser sancionados con penas accesorias como la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Esta nueva legislación forma parte del esfuerzo del Estado por fortalecer la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción administrativa.