La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental sostuvo este jueves que la denuncia hecha por Diolandita Cabrera, la madre de la asesinada niña Carla Massiel, de que empleados del Ministerio de Educación, entidad de la que fue cancelada, le pidieron el 30 % de sus prestaciones para la agilización del proceso, se encuentra “donde debe estar”, haciendo alusión a la Procuraduría General de la República.
En nota de prensa, la institución que dirige Milagros Ortiz Bosch sostuvo sobre el caso que “no tenemos atribuciones judiciales” y que hubieran acogido el mismo “si se hubiera originado en el rumor público o en una denuncia”.
Añadió que resulta tranquilizante conocer que la denuncia de Cabrera fuera tramitada a la entidad que encabeza Miriam Germán Brito. “A esa tranquilidad sumamos la declaración del Ministerio de Educación de colocarse, como debe ser la acción inmediata del sector público, a disposición de los investigadores para contribuir con la misma”, indica Ética e Integridad Gubernamental.
