En medio de un denso bosque en la Luisiana rural hay una prisión rodeada de alambre de espino que se ha convertido con rapidez en un importante centro de detención para inmigrantes capturados en la frontera.
El Centro Correccional de Winn es una de las ocho cárceles en Luisiana que han empezado a retener a solicitantes de asilo y otros inmigrantes en el último año, convirtiendo a Luisiana en un inesperado epicentro de la detención de inmigrantes durante el gobierno de Donald Trump.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) dice que ahora retiene a unos 8.000 migrantes en Luisiana de los 51.000 que hay detenidos en todo el país.
Estas nuevas instalaciones, una combinación de viejas prisiones estatales y cárceles locales, están a varias horas de carretera desde Nueva Orleans y otras grandes ciudades, lejos de donde tienen sus sedes la mayoría de los grupos de derechos de los migrantes y abogados de inmigración. Los internos se quejan del trato recibido y de largos encarcelamientos.
“Yo sabía que nos iban a detener, pero no pensé que iba a ser tan largo el proceso”, comentó Howard Antonio Benavides Jr., un joven venezolano de 18 años que lleva tres meses en Winn.
El repunte ha sido bien recibido por las poblaciones rurales, que hace tiempo dependen de los empleos en cárceles, y por la compañía carcelaria privada que recibe dinero del gobierno federal por retener a los inmigrantes.
El fenómeno ha coincidido con una reforma penal en Luisiana que ha reducido la población carcelaria, lo que amenazaba la economía de pequeñas poblaciones con centros de detención.
El ICE ha intervenido para llenar ese hueco. En Winn, que empezó a recibir inmigrantes en mayo, los salarios de los empleados han pasado de 10 dólares la hora a 18,50. Las autoridades locales han firmado un nuevo contrato de cinco años que garantiza millones de dólares en pagos al gobierno local y al estado.
EL ICE rechazó varias peticiones de comentarios sobre por qué se había centrado en Luisiana. En un comunicado, la agencia dijo que identifica “contratos que puedan modificarse para ajustarse a las crecientes necesidades de la agencia”.
El ICE y la empresa privada que gestiona el centro, LaSalle Correcctions, permitieron que The Associated Press visitara Winn durante tres horas en septiembre y tomara fotografías y videos, con la condición de que no se mostraran los rostros de los inmigrantes.
La visita estuvo muy controlada. No se permitió que AP hablara con ningún inmigrante detenido salvo Benavides, que accedió a una entrevista a través de su abogado. Cuando un grupo de inmigrantes detenidos en un recinto empezaron a gritar “Ven acá”, el personal de la cárcel impidió a los observadores acercarse a los internos y los dirigió hacia fuera. Los hombres siguieron gritando desde las ventanas.
En Winn hay casi 1.500 inmigrantes detenidos, que duermen en camas individuales en largos y estrechos módulos con puertas de rejas. El centro, que antes era una prisión de seguridad intermedia, tiene un comedor, campos de fútbol al aire libre, un gimnasio y una capilla con capacidad de 200 personas construida por antiguos presos.
La mayoría de los detenidos parecían hablar español. Otros hablaban hindi y llevaban turbantes naranjas en torno a la cabeza.
A los presos se les obliga a caminar de un recinto a otro con las manos a la espalda, como si estuvieran esposados. La mayoría de los empleados no habla español ni hindi y se comunica con los inmigrantes con gestos o unas pocas palabras en inglés que una persona pueda traducir a los demás.
Los responsables de Winn dicen que los inmigrantes se comportan mejor y son más fáciles de vigilar que los reos de una prisión normal.
“Hay muy pocos problemas”, dijo Keith Deville, alcaide del centro. “Cuando tienes delincuentes condenados, se comportan de forma muy diferente”.
La detención de inmigrantes se está haciendo cada vez más polémica durante el gobierno de Trump, que separó a miles de familias dentro de una política de
“tolerancia cero” en la frontera entre Estados Unidos y México.
La cifra de 51.000 inmigrantes que retiene el ICE en todo el país está un poco por debajo del récord que marcó la agencia este año, y varios miles por encima de lo que autorizó el Congreso. El número se ha mantenido sobre las 50.000 personas pese a que los cruces de frontera se han reducido en los últimos meses y el gobierno de Trump ha emprendido una agresiva estrategia de devolver a México a los que cruzan y rechazar solicitudes de asilo.
Los activistas acusan al gobierno de detener a solicitantes de asilo legítimos y dicen que las cárceles de Luisiana son un ejemplo claro del problema.
Un juez federal determinó hace poco que el ICE estaba violando la ley al negarse a liberar a solicitantes de asilo detenidos en Luisiana, y los abogados señalan que muy pocas personas son liberadas de Winn o de otros centros del estado.
El ICE ha aumentado su presencia en Luisiana, mientras otros estados rechazaban a la agencia.
California e Illinois prohibieron directamente las cárceles privadas para inmigrantes, e incluso en la conservadora Texas, el gobierno republicano del condado de Williamson votó a favor de eliminar las detenciones del ICE en una cárcel de 500 plazas.
En el municipio de Winn y otras comunidades rurales de Luisiana no hay esa resistencia.
Winnfield, la ciudad más grande de la región y donde nació el legendario gobernador de Luisiana Huey Long, tiene un pequeño centro con tantos locales vacíos como comercios abiertos. Camiones con árboles talados en los bosques cercanos salen hacia la autopista. Aparte de la madera, los dos principales motores del empleo son las escuelas y la prisión, señaló el jefe de policía Cranford Jordan.
Pero las reformas de la justicia penal en el estado podrían haber supuesto el cierre de la prisión, dijo Jordan.
“Sería devastador”, dijo. “Verías gente mudándose, en bancarrota. Sería como el cierre de una planta automotriz”.
LaSalle Corrections, que ya gestionaba la prisión, firmó en mayo un contrato de cinco años para alojar a detenidos del ICE. También hizo una aportación de 2.000 dólares a la campaña electoral del jefe de policía en marzo.
La compañía privada, con sede en Ruston Luisiana, gestiona seis de las ocho cárceles reconvertidas abiertas desde el año pasado.
Sus centros están repartidos por Luisiana, conectados por carreteras rurales que recorren bosques y campos de cultivo. Para activistas como Homero López, director ejecutivo de Immigration Services and Legal Advocacy, con sede en Nueva Orleans, el aislamiento es un grave problema para los inmigrantes.
“Simplemente el hecho de detener a la gente en lugares tan rurales y aislados no solo lo hace difícil para que la persona pueda pelear su caso, sino que además hace casi imposible que consigan abogados que los representen”, dijo López.
