SANTO DOMINGO.– El abogado Ángel Lockward advirtió sobre las consecuencias legales y humanas derivadas del colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido en abril pasado, y denunció múltiples irregularidades que, a su juicio, buscan obstaculizar el proceso judicial en curso.
En una entrevista en el programa Esto No Tiene Nombre, Lockward explicó los motivos detrás de la exhumación del cadáver de Ruth Seijas Jerez, una de las víctimas de la tragedia.
“La Tragedia del Jet Set es una película, solo que es una película de horror”, afirmó el jurista al referirse a la magnitud del evento, que dejó 235 muertos y 180 heridos. Explicó que la exhumación es necesaria debido a que el acta de defunción de la víctima establecía como causa “muerte natural”. “Salvo que tú consideres que es naturalmente correcto… que a una persona a la que le cae un techo se muera, no hay manera de que las personas que fallecieron en esta tragedia hayan muerto de causas naturales”, dijo.
Lockward advirtió que si no se corrige esa irregularidad, “mañana podrían los abogados representantes de la empresa… decir que ella no falleció ahí o que estaba afuera y falleció de gripe”. Añadió que sin establecer causa y lugar de muerte, los familiares no pueden tener calidad para ser parte del proceso: “Para participar del proceso hay que tener calidad… si ella murió de muerte por causas naturales, entonces no falleció a causa del derrumbe”.
El abogado también cuestionó la actuación del gobierno y de las autoridades municipales: “El gobierno ha hecho miles de escaramuzas para diluir elementos del hecho”. Criticó al presidente por declarar desde el primer día que existía “un vacío” de responsabilidades: “No hay ningún vacío en cuanto a quién supervisa, quién controla las obras, su mantenimiento”.
“¿Cuántas veces ustedes han visto, han oído… de inspectores del ayuntamiento que van y paran una construcción ilegal? […] Eso se ve en los barrios dominicanos todo el tiempo”, expresó. En cambio, señaló que en el caso de Jet Set, que está ubicado en una de las principales avenidas del país, “nadie pasó por allí”. A su juicio, esto constituye “una omisión pecaminosa del Cabildo que no hay manera de justificar”.
Lockward subrayó que el propietario del establecimiento tenía la obligación legal de presentar planos y solicitar permisos para cualquier modificación, pero que, aun en caso de omisión, “el Ayuntamiento y el Estado […] tenían la obligación de hacer cumplir la ley”.
También rechazó las afirmaciones de los abogados defensores sobre indemnizaciones a víctimas: “Se ha mentido mucho en esto también”. Detalló que de los supuestos 48 cheques entregados, “hay unos 17 que son empleados a los que le pagaron prestaciones laborales. […] Hay en realidad 5 fallecidos, 3 de los cuales eran empleados del establecimiento”.
Sobre las propuestas de acuerdos, expresó: “No lo veo mal […] pero si se acercaran a mi cliente tampoco lo vería mal […] siempre que se haga con decencia”. Criticó que a algunas víctimas “le pagaron 75 mil pesos, 85 mil pesos, 200 mil pesos”, lo que calificó como insuficiente.
También propuso un mecanismo tripartito de compensación: “Lo que debía es propiciar un acuerdo tripartito, en que concurran, admitiendo su responsabilidad, él, el gobierno y el Ayuntamiento, a los fines de que se pueda reunir una suma compensatoria que sea decente para las víctimas”.
Al referirse a la actuación judicial, afirmó: “La jueza […] impuso oposición a bienes a los bienes de Antonio, pero no a los de la empresa”. Señaló que la empresa “giró decenas de millones de pesos que tenía en cuenta corriente, porque todavía hoy no tiene oposición”.
Respecto a la calificación de homicidio involuntario en el proceso, Lockward señaló: “Yo comparto ese criterio […] pero hay otros abogados […] que llevan otra tesis”. Aclaró que “el Ministerio Público le dieron 18 meses porque le declararon el caso complejo. Vamos a ver lo que pasa en 12”.
Criticó el uso del debate del nuevo Código Penal como distracción: “Todo el mundo se burla de las víctimas echándole la culpa a la falta de un código nuevo”.
Finalmente, al abordar el valor de la vida humana y la capacidad del sistema para reparar el daño, afirmó: “Aquí tú tienes casos de accidentes […] en que te valoran una persona en 500 mil pesos, y muchas veces menos”. Señaló que “no haces nada con una condena civil si no tienes un patrimonio al cual aplicarlo”.
“El gobierno lo que quiere es que no pase nada. En el gobierno ya se olvidaron de ese desastre”, concluyó Lockward.
