El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, se enfrentará hoy a un dilema que le impone la norma. Debe decidir si inhibirse o exponerse a la posibilidad de ser recusado en el proceso que se les sigue a los seis imputados en el juicio por US$92 millones pagados en sobornos por la constructora Odebrecht para ser favorecida con obras del Estado.
El artículo 78 del Código Procesal Penal establece de manera clara que “tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con cualquiera de las partes e intervinientes en un proceso”, es uno de los motivos para la inhibición o recusación de los jueces.
Esta nueva situación en el proceso judicial se prevé, luego de que salieran a la luz pública informaciones que ponen en evidencia los lazos de amistad y relación política que tuvo Luis Henry Molina, quien preside el pleno de jueces que conoce el caso Odebrecht y el senador Tommy Galán, imputado que mantiene el proceso anclado en la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo con los recortes periodísticos, el actual presidente de la Suprema y el senador por la provincia San Cristóbal, Tommy Galán, trabajaron de manera conjunta en la campaña política del presidente Danilo Medina en el año 2016.
Los archivos indican que Molina fue el coordinador provincial de campaña en San Cristóbal, mientras que Galán fue una persona clave, además de candidato a senador en ese proceso electoral.
Opinión de defensores
A pesar de lo que establece el Código, varios de los abogados de los imputados le tienen mucha consideración al presidente de la Suprema y han dicho que hasta el momento no han pensado en recusar.
Por ejemplo, el abogado Carlos Salcedo, quien defiende a Andrés Bautista, dijo que no han pensado en recusar a Molina. Pues “conociendo el nivel de integridad de Luis Henry, su nivel ético y su moral, pensamos que lo más seguro era que él iba a analizar esa situación a lo interno e iba a evaluar su inhibición”, comentó a Diario Libre.
El abogado José Miguel Minier, defensor de Ángel Rondón también expresó que no recusarán.
“No hemos pensado en recusar al magistrado presidente. Él es quien tiene que decidir si esto afecta su objetividad e imparcialidad”, expresó Minier.
Mientras que Ricardo Taveras, abogado de Galán, no quiso emitir opinión al respecto y dijo que prefiere esperar a ver cuál será la decisión que tome el presidente de la Suprema.
