El Congreso de El Salvador aprueba una controvertida reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida

Sobre la extensión del período presidencial, Figueroa afirmó que se busca “una mayor estabilidad”, “seguridad política y jurídica” y “reducir costos”.

No obstante, la diputada opositora Marcela Villatoro, del Partido ARENA, dejó ver su rechazo a la reforma cuando durante la sesión parlamentaria levantó un letrero que decía “este día murió la democracia”, y expresó a la prensa que la ley fue aprobada “sin consulta, de forma burda y cínica”.

En una línea similar se expresó Claudia Ortiz, de la agrupación política VAMOS.

“[Las reformas solo buscan] perpetuar a un pequeño grupo en el poder y seguir acumulando recursos y seguir acumulando poder y dejando a la gente cada vez más pobre. Esta historia se ha contado muchas veces en muchos países del mundo”, sostuvo.

La ley, además, dispone que el actual período presidencial de Nayib Bukele, que empezó en 2024 e iba hasta 2029, terminará anticipadamente el 1 de junio de 2027.

En 2027, entonces, habrá nuevas elecciones presidenciales y serán, en este caso, concurrentes: es decir, ocurrirán al tiempo que las elecciones legislativas y las elecciones locales.

Bukele no ha emitido expresiones sobre el cambio constitucional.

“Deterioro de la democracia”

La reelección presidencial indefinida, para expertos en la materia, puede deteriorar la democracia en tanto pone en riesgo la alternancia en el poder.

Nayib Bukele se reeligió como presidente de El Salvador en febrero de 2024 con el 82.8% de los votos, a pesar de que la Constitución del país prohibía expresamente la reelección.

Para ello, el mandatario contó con el apoyo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conformada en su mayoría por jueces favorables a él, que dispuso que el mandatario sí podía reelegirse.

Organizaciones no gubernamentales han denunciado en los últimos meses una escalada en la represión de las voces críticas con Bukele en el país y citan como ejemplo de ello la detención de los abogados y activistas Ruth López y Enrique Anaya.

“El día antes de las vacaciones, sin debate, sin informar a la ciudadanía, en una sola votación legislativa, cambiaron el sistema político para permitir que el presidente se perpetúe en el poder indefinidamente y sigamos el camino trillado de los autócratas”, dijo a Reuters Noah Bullock, de la organización de derechos humanos Cristosal, cuyos miembros dejaron El Salvador recientemente y se exiliaron.

Por su parte, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, expresó previo a la aprobación del proyecto: “Están recorriendo el mismo camino que Venezuela. Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”.

La popularidad de Bukele

Bukele inició su primer mandato en 2019.

Su carrera política fue catapultada por una guerra contra las pandillas que le permitió reducir drásticamente el número de homicidios en tres años tras la implementación de un estado de emergencia que ha colocado al país entre los más seguros del mundo.

Sin embargo, sus métodos han sido enormemente criticados por organizaciones de derechos humanos.

La administración de Bukele es acusada de la detención de decenas de miles de personas sin tener pruebas suficientes de que tengan vínculos con las pandillas, y tampoco se les ofrece un juicio justo.

Además, se señala que en sus centros de detención, como el CECOT, la cárcel de máxima seguridad del país, se viven condiciones de abuso.

El mandatario ha dicho que la emergencia continuará el tiempo que sea necesario y en reiteradas ocasiones ha rechazado las críticas.

“¿Sabe qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles o recibir reportes de cuántos muertos llevamos al día”, dijo en un discurso a la nación el pasado enero.