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La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que despenaliza las relaciones homosexuales en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desató una ola de rechazo simultáneo entre las principales confesiones cristianas del país, tanto católicas como evangélicas.
El nuevo obispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, se convirtió en una de las voces más críticas del fallo, al calificarlo como “desacertado” e “inconveniente”. Sus declaraciones se suman a las posiciones asumidas por la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), que también objetan la decisión.
Morel Diplán advirtió que el TC “debió ponderar mucho mejor el tema” y sostuvo que, al derogar los artículos que penalizaban la “sodomía” en los Códigos de Justicia, la sentencia “abre puertas a la homosexualidad en instituciones como la Policía Nacional”. A su juicio, el fallo envía “una mala señal” y compromete la protección de los valores familiares: “Hay que cuidar y resguardar la unidad entre el hombre y la mujer”, afirmó.
El obispo también consideró que el abordaje del tema de la homosexualidad se ha realizado de manera “sutil”, citando como antecedente la boda entre dos hombres oficiada por el exembajador de Estados Unidos, James “Wally” Brewster. Concluyó con un rechazo frontal: “No veo conveniente la decisión; es un paso desacertado del Tribunal Constitucional”.
Rechazo evangélico: “Una aberración ética”
Las declaraciones del obispo encuentran eco inmediato en las iglesias evangélicas, que han conformado un frente común de oposición al fallo.
La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana calificó la sentencia TC/1225/25 como una “aberración ética” y un “golpe directo a los principios morales, éticos y espirituales” del país. Aseguran que la medida es “inconstitucional” y que su aplicación “quiebra la esencia del cuerpo castrense”.
El Codue, a través de su presidente Feliciano Lacen, también condenó la decisión, considerándola “un atentado contra las buenas costumbres, la moral pública y los valores tradicionales”. Advirtieron que el fallo sienta un “peligroso precedente” y forma parte de un “proceso de erosión cultural”.
Ambas entidades exhortaron a las autoridades a revisar o dejar sin efecto la sentencia, alegando posibles impactos en la disciplina y el orden institucional.
La reacción conjunta responde al fallo que dejó sin vigencia el artículo 210 de la Ley 285 (Código de Justicia de la Policía Nacional) y el artículo 260 de la Ley 3483 (Código de Justicia de las Fuerzas Armadas), que establecían penas de dos meses a dos años de prisión por actos de “sodomía”.
El Tribunal Constitucional argumentó que estas disposiciones violaban el principio de razonabilidad y representaban una discriminación injustificada basada en la orientación sexual, afectando derechos como la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo.
La decisión no fue unánime. La magistrada Eunisis Vásquez Acosta emitió un voto disidente, sosteniendo que las normas debieron analizarse desde el régimen especial que rige la disciplina militar, donde la restricción de ciertos derechos está permitida para garantizar cohesión y orden. Su postura coincide, en parte, con las preocupaciones manifestadas por las iglesias.
