La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este jueves la suspensión de oficio de 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a personas jurídicas y consorcios vinculados a una supuesta estructura que habría manipulado procesos de contrataciones mediante prácticas fraudulentas.
Según la resolución núm. DGCP44-2025-004600, las razones sociales cuyos registros fueron suspendidos son: Comerdon, SRL; Inversiones Qtek, SRL; Condelca, SRL; Tingley Business, SRL; Mediterráneo Investments Group, SRL; y Kury Limited.
También fueron suspendidas: Importadora Coav, SRL; Empresas Integradas, SAS; Flexiplas, SRL; Inversiones Nogal Verde, SRL; Agro Avícola Benevento, SRL; Grupo Empresarial Barnichta, SRL; Inversiones Yang, SRL; Topicverse, SRL; y Roment, SRL.
De igual manera, quedaron suspendidos los consorcios Empresas Integradas & Concreto Pretensado; Empresas Integradas & Constructora Yeara; Empresas Integradas & Farmasino; Empresas Integradas & Tankasa; y el Consorcio Importadora Integrada (Importadora Coav).
La DGCP informó que, a medida que avancen las investigaciones, es probable que se sumen a la lista de inhabilitados otras personas naturales o jurídicas vinculadas al mismo proceso.
Se explicó que esta decisión surge a raíz de la investigación administrativa realizada por la DGCP y de la investigación penal en curso por parte del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República contra dichas razones sociales y consorcios, por presuntos delitos como estafa contra el Estado, soborno, colusión, lavado de activos, falsificación de documentos y asociación de malhechores, entre otros que afectan directamente el patrimonio público y los procedimientos de contratación.
Mediante una nota de prensa, la DGCP precisó que esta medida no constituye una sanción, sino una acción cautelar preventiva necesaria para proteger el interés público, la competencia y la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) mientras se desarrolla la investigación penal correspondiente.
La institución subrayó que constituye un “riesgo grave e inminente” para la integridad del sistema cuando existen indicios razonables de que una o varias empresas han incurrido de manera organizada en actos de colusión y otros delitos vinculados a la contratación pública, lo cual afecta la libre competencia, la transparencia, el uso eficiente de los recursos públicos y la igualdad entre oferentes.
“El solo hecho de mantener la habilitación operativa de las empresas investigadas implica un riesgo real de que los presuntos infractores incurran en reiteración, obstrucción o afectación del proceso, situación que justifica la adopción de la medida cautelar”, señala el acto administrativo disponible en el portal institucional.
Informe sobre manipulación en procesos de contrataciones
El órgano rector recordó que, a finales de octubre, remitió a la Procuraduría General de la República un informe técnico elaborado conjuntamente con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República. Dicho informe documenta que esta estructura habría manipulado procesos de contrataciones con el Estado, incurriendo además en presuntos actos de intimidación, extorsión y posibles vínculos con funcionarios públicos, afectando de manera directa la libre competencia y la igualdad de participación de oferentes.
Según los hallazgos de la investigación, las empresas presentan patrones coincidentes de participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos del mercado público.
El documento también recoge testimonios de proveedores afectados, quienes denunciaron amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas, lo que evidencia la existencia de mecanismos de intimidación y manipulación que distorsionan la transparencia y la equidad de los procesos.
