Estando a contrarreloj, el Congreso Nacional logró aprobar este viernes el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal, el cual permitiría solucionar los errores detectados en el marco vigente por el Tribunal Constitucional.
El TC emitió en diciembre de 2024 una sentencia con la cual le otorgó un año al Poder Legislativo para solucionar diversas inconstitucionalidades identificadas por ese pleno en la Ley 10-15. De lo contrario, el sistema judicial estaría obligado a retornar al conjunto de leyes procesales del año 2002, provocando un escenario de caos en los tribunales.
Restando tan solo 6 días para que se agote el periodo establecido por la alta corte, los representantes del Senado de la República se unieron en consenso para aceptar la versión realizada por la Cámara de Diputados. De esta manera, la decisión final sobre el futuro legal procesal del Estado dominicano pasará a manos del presidente Luis Abinader, quien deberá determinar si observará o promulgará la pieza.
¿Cuáles fueron las modificaciones?
Los legisladores de la cámara baja realizaron alrededor de 60 alteraciones al documento que elaboró inicialmente el Senado. Algunas de estas son la registrada en el único párrafo del artículo 11, en el cual dictaron que los jueces y el Ministerio Público deben tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, “pero no pueden fundar sus decisiones en base a nacionalidad, género, etnia, color, credo o religión, ideas políticas, posición económica o social, u otra condición con implicaciones discriminatorias”.
Lo mismo hicieron los congresistas con el párrafo del artículo 14, en el cual aclararon que a la parte acusadora le corresponde el derecho que tiene cualquier imputado de recibir la presunción de inocencia.
“En consecuencia, hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad podrá tratar a una persona como culpable ni presentarla como tal ante terceros”, versa el texto.
El artículo 196 está dedicado a regular la interceptación de telecomunicaciones, mecanismo judicial que se encontraba disponible desde años atrás. No obstante, en esta versión desarrollada por los representantes, estos decidieron aumentar el plazo de 60 a 90 días cuando las autoridades requieran extender esta medida permitida por un juez. Estos son solo varios del total de artículos modificados.
“Lean antes de criticar”
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció la labor que desarrollaron los congresistas, al alcanzar el consenso para entregarle esta ley al país, la cual está en consonancia con el nuevo Código Penal. Esa nueva ley, que adiciona más de 70 tipificaciones penales, será utilizada a partir del próximo agosto en los tribunales.
Sin embargo, De los Santos dijo estar consciente de que “todo lo que hace el hombre es perfectible”, razón por la cual no descarta que puedan producirse nuevas modificaciones en los próximos meses.
“Puede haber algunos artículos con los que no esté de acuerdo, pero la constitución me da potestad para presentar una modificación”, dijo al tomar un turno a la palabra durante la sesión extraordinaria.
Además de resaltar “este logro”, el senador aprovechó su intervención para hacerle una petición a los diversos sectores de la sociedad dominicana.
“Por favor, antes de asumir, critica que se dediquen a leer los 470 artículos que tiene el código; hemos visto hasta cartas públicas con informaciones erróneas diciendo todo lo contrario a lo que se ha aprobado”, dijo.
De los Santos, según expresó, entiende que lo ideal sería que cualquier ciudadano exprese sus observaciones con toda libertad, “pero que lo haga con conocimiento de causa, para que sea una crítica objetiva”.
Premura para el presidente
Luego de que la cámara alta certifique que el documento legislativo fue recibido por el Poder Ejecutivo, el mandatario Abinader tendrá un periodo constitucional de 10 días para analizar si la observará. Así lo establece el artículo 102, especificando lo que sucede luego de que una iniciativa es aprobada sin ser declarada de urgencia.
Pero, debido al dictamen publicado por el TC, el Gobierno solo tendrá menos de seis días, sino pudiera sentenciar a la sociedad dominicana a sumergirse en un desorden judicial.
