Rostros cabizbajos, inmutados, tristes. Algunos llevaban mascarillas azules o negras, de esas que se volvieron indispensables en tiempos de la Covid-19, y gafas de sol. Todos vestían chalecos y cascos.
Esposados entre sí, los diez acusados por el caso de corrupción en el Servicio Nacional de Salud (Senasa) salieron la noche del domingo del tribunal sin pronunciar una sola palabra, con una excepción: Ada Ledesma Ubiera.
Escoltados por agentes penitenciarios con armas largas cruzadas sobre el pecho, los imputados se detuvieron apenas unos segundos ante el cerco periodístico que los aguardó durante horas.
—“¡Doctor! Dieciocho meses (de prisión), ¿está conforme?”— gritó un periodista, en referencia a Santiago Hazim, exdirector del Senasa y principal imputado del presunto entramado de corrupción.
Las luces de las cámaras encendieron el pasillo. Allí, Ledesma Ubiera rompió el silencio.
Sujeta por un oficial penitenciario, la imputada, con la voz entrecortada, negó con su dedo índice y repitió: “Yo no me robé nada. ¡No me robé nada!”.
Fue la única reacción tras el veredicto del juez Rigoberto Sena: 18 meses de prisión preventiva para siete de los implicados, incluido Hazim, y arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida para otros tres.
Ledesma Ubiera irá a prisión.
Tras más de cinco horas en la sala de audiencia —el fallo del juez se extendió por una hora—, los imputados subieron las estrechas escaleras de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, donde permanecían recluidos desde hacía siete días, luego de ser apresados por el Ministerio Público.
Cientos de personas en las afueras del Palacio de Justicia pedían prisión preventiva para los acusados. Especialmente para Santiago Hazim. Un ataúd cargado por protestantes resumía el enojo hacia el exfuncionario del gobierno de Luis Abinader
Sobre la caja: una fotografía de Santiago Hazim junto al presidente Luis Abinader. Encima, un cartel pequeño pero contundente: “Los muertos de Senasa”.
El Ministerio Público sostuvo en la investigación que el supuesto entramado de corrupción habría desviado más de 15 mil millones de pesos del Senasa, además de dos mil millones en sobornos.
Un dinero que, según la acusación, estaba destinado a la salud de los más pobres y millones de afiliados al seguro social.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, valoró el fallo del juez: “Esta es una decisión histórica, que ha dado este tribunal”, declaró el fiscal en rueda de prensa desde el Palacio de Justicia.
Camacho explicó que Sena reconoció la naturaleza “atroz” de los hechos, describiéndolos como “muy graves y crueles”, al tiempo que los interpretó como una traición y una “locura colectiva”.
“El juez ha reconocido (los hechos), y que, incluso, los ha calificado como crueles, muy graves, los ha entendido como una traición. Los ha llamado como una locura colectiva y los ha comparado, incluso, como holocausto”, dijo.
La propia Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa ha calificado el caso como el más grave en la historia del la República Dominicana.
“Esto no tiene límite. Esto es algo indestructible, de lesa humanidad, porque robarse el dinero de la salud a un infeliz es duro”, dijo Margarita Peña, una comerciante de 71 años, que participó en la protesta.
Tres de los imputados admitieron que pagaron sobornos a miembros del Senasa y directamente a Hazim, según las autoridades.
La vinculación de Ledesma Ubiera en el caso
El nombre de Ada Ledesma Ubiera aparece cuatro veces en el expediente del Ministerio Público que excede las 500 páginas.
“La investigación ha detectado operaciones financieras sospechosas entre Flavorheart Food Parts, S.R.L. y la empresa Lufarca S.R.L., vinculada a las señoras Ada Ledesma Ubiera, quien públicamente ha admitido sus vínculos de amistad con el imputado Germán Rafael Robles Quiñones y su hija Noelia José Ledesma”, sostuvo el órgano persecutor.
La investigación arrojó dos transacciones ordenadas por Flavorheart Food Parts a favor de Lufarca S.R.L., ambas realizadas el 23 de junio de 2022, cuyo monto fue de más de un millón de pesos “sin comentarios”. Y otra por un momento de más de dos millones de pesos con el comentario “compra material médico”.
“No se ha podido encontrar relación comercial entre las empresas Lufarca S.R.L. y Flavorheart Food Parts, S.R.L. en el ejercicio fiscal 2022, reportado ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)”, añadió.
El Ministerio Público subrayó que la empresa Lufarca S.R.L., vinculada societariamente a la imputada Ada Ledesma Ubiera y su hija Noelia José Ledesma, “recibió pagos de Senasa por un monto superior a los treinta y ocho millones de pesos dominicanos”.
Un allanamiento realizado el 6 de diciembre de 2025 en la residencia de Ledesma Ubiera y su hija confirmaron los movimientos bancarios, según el Ministerio Público.
Las transferencias realizadas a Alberto Feliz tenían conceptos como “adelanto administrador”, “15 por ciento de comisión”, “cierre negociaciones de socio”, “préstamos”, “adelanto comisión de la negociación”, “comisión”…
“Esto (es) una muestra de la relación financiera que tenían estas encartadas con personas vinculadas directamente al Seguro Nacional de Salud como Germán Rafael Robles Quiñones y sus allegados”,
