¡Ayuda pidió y el sistema le falló! Todo parece indicar que los actores del sistema de justicia de San Pedro de Macorís se confabularon para que Anibel González estuviera en las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
El análisis de los documentos y actuaciones tanto de fiscales como de los jueces ponen en evidencia el interés de que Yasmil Oscar Fernández Estévez, alias Ray, fuera puesto en libertad tras intentar asesinar a González la noche del 2 de diciembre de 2017. Ray la asesinó el pasado fin de semana, tras obtener la libertad condicional gracias a un acuerdo parcial al que llegó con la fiscalía, mismo que fue acogido por el Tribunal Colegiado.
El Ministerio Público de San Pedro de Macorís no actuó con las debidas diligencias pese a que la fiscal que llevaba el caso, Luz Aurora Almonte, saliera del tribunal y abandonara el proceso por oponerse al acuerdo. Almonte notificó al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, así como a la coordinadora de la Dirección de Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho y al inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, lo relativo al acuerdo. Villa Camacho y Sánchez son responsables de la investigación ordenada por el procurador tras la muerte de la mujer. El escrito notificado a la Dirección General de Persecución, la Secretaría General de Correspondencia y la Dirección de Violencia de Género en fechas 28 de febrero del año 2019 y que la remitente tituló: “Informe sobre acuerdo parcial en caso de Tentativa de homicidio en caso de violencia de género en San Pedro de Macorís”, también estaba dirigido a Fernando Quezada y Rafael Morales Puello, procurador de la corte de Apelación de San Pedro. La sentencia se emitió el 6 de febrero. La Procuraduría informó ayer que en febrero de 2019 el magistrado Fernando Quezada, director de Persecución del Ministerio Público, ordenó al fiscal Pedro Núñez una exhaustiva investigación sobre el caso.
