La firma del reciente acuerdo migratorio entre el Gobierno de Luis Abinader y los Estados Unidos, que permite el tránsito e ingreso temporal de migrantes extranjeros, ha generado un fuerte malestar social en la República Dominicana y, de paso, esa ola de incertidumbre ha traspasado las fronteras, alcanzando también a Panamá, Costa Rica y Ecuador.»
En estos países, socios en la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), existe el temor a que se produzcan dolorosas lesiones a la integridad nacional, un sentimiento que ya ha evocado las fibras del patriotismo dominicano.
Mientras las administraciones de este cuarteto intentan convencer a sus ciudadanos de que aplicarán un blindaje al pacto, bajo el pretexto de “seguridad nacional” y «estabilidad estratégica», en las calles y la opinión pública se ha levantado con fuerza un grito popular que reclama protección a la soberanía y vigilancia de los derechos humanos.
Para nadie es secreto que el debate nacional sobre este tema entró en la profundidad de lo político, puesto sobre el tapete y cada vez, con mayor firmeza y dureza, analistas y sectores civiles se inquietan por saber si la región, el país incluido, camina hacia la subordinación, haciendo de “peón” de Estados Unidos en el hemisferio.
Tras la firma de esos acuerdos se ha encontrado que la reacción popular en Panamá, Costa Rica y Ecuador ha sido diversa, moviéndose entre el alivio por el control de la seguridad y una profunda preocupación por la soberanía y los derechos humanos.
Una lectura de las reacciones recogidas por medios de prensa nacionales e internacionales en estos países, tras la firmas de los pactos migratorios, queda patente que los gobiernos de los países firmantes tienen un serio problema para lograr convencer a sus ciudadanos de la factibilidad de sus decisiones.
