SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Asociación Dominicana de Agentes de Cambio (ADOCAMBIO) expresó su preocupación por el incremento del impuesto establecido en la Ley 382 de un 0,20 % a las operaciones mediante cheques y transferencias.
La organización afirmó que esta medida representa una carga adicional para el sector y afecta la competitividad de los intermediarios cambiarios, por lo que constituye uno de los principales desafíos a la actividad cambiaria al elevar los costos operativos.
Señaló además que los agentes de cambio y remesas continúan enfrentando dificultades para acceder a servicios bancarios, incluyendo negativas para la apertura de cuentas y cierres de cuentas operativas.
La entidad consideró contradictorio que mientras los intermediarios cambiarios autorizados están sometidos a estrictos controles regulatorios y de supervisión, persistan obstáculos para su integración plena al sistema financiero formal.
Destacó que los agentes de cambio deben cumplir con los requerimientos técnicos y regulatorios establecidos por las autoridades, operar mediante el Sistema de Pagos de la República Dominicana y la Plataforma Cambiaria del Banco Central, además de garantizar estándares de seguridad, continuidad operativa y transparencia en sus procesos.
Asimismo, explicó que la reducción de relaciones bancarias y el cierre de cuentas han limitado mecanismos que anteriormente permitían al sector amortiguar el impacto del impuesto, generando mayores costos para las empresas dedicadas a la intermediación cambiaria.
Advirtió que actualmente muchas operaciones enfrentan un efecto de doble tributación, debido a que el impuesto puede aplicarse tanto cuando los clientes realizan pagos para adquirir divisas como durante los procesos posteriores de liquidación de esas transacciones.
Según la entidad, esta situación coloca a los agentes de cambio en desventaja frente a las entidades de intermediación financiera, que cuentan con estructuras operativas diferentes para manejar determinadas transacciones con menor impacto tributario.
Ante este escenario, solicitó al Gobierno y a las autoridades competentes revisar el tratamiento fiscal aplicado a las operaciones cambiarias realizadas desde las cuentas operativas de los agentes de cambio.
Aclaró que su propuesta no busca eliminar el impuesto ni afectar la capacidad de recaudación del Estado, sino evitar efectos acumulativos que, a su juicio, perjudican la competitividad del sector y dificultan el desarrollo de un mercado cambiario más eficiente.
