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Las denuncias por presuntos abusos cometidos por agentes de la Policía Nacional volvieron a la atención pública esta semana, con protestas, marchas y reclamos de familiares que exigen justicia por muertes y actuaciones que atribuyen a miembros de la institución. En apenas unos días, al menos cuatro casos reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza policial y los protocolos de actuación de los agentes.
Uno de ellos fue el de Miguel Antonio Lucas Paredes, cuyos familiares marcharon este jueves con su féretro hasta el destacamento de la Policía Nacional en San Cristóbal para exigir que se esclarezca su muerte. Según denunciaron, el hombre fue detenido el 8 de julio por un capitán adscrito a la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) bajo la sospecha de estar vinculado a la venta ilegal de números de lotería y permaneció varios días bajo custodia.
La familia sostiene que durante su detención presentó fiebre, denunció haber sido golpeado y no recibió atención médica. Cuando fue entregado a sus parientes, aseguran, se encontraba en estado crítico y falleció poco después en un hospital. La Policía Nacional informó que espera los resultados de la autopsia para determinar la causa del deceso y aseguró que las investigaciones continúan.
Otro caso que volvió a generar manifestaciones fue el de Rawel Sierra, un joven con autismo que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una protesta por apagones en el sector Brisas del Este, en Santo Domingo Este. Familiares y allegados realizaron una concentración frente a la Fiscalía de esa demarcación para exigir que se identifique y someta a la justicia al agente que, según afirman, disparó contra el adolescente.
Los manifestantes denunciaron que, pese a que han transcurrido varias semanas desde el hecho, aún no reciben información sobre avances concretos en la investigación.
Las críticas a la actuación policial también llegaron desde el ámbito político. El presidente del Concejo de Regidores de Los Alcarrizos, Rafael Hernández, anunció una jornada de protestas para denunciar los presuntos abusos cometidos por agentes de la Policía Nacional en ese municipio.
El edil aseguró que la decisión responde a las constantes quejas de residentes que afirman haber sido víctimas de actuaciones irregulares durante intervenciones policiales, situación que, según dijo, mantiene preocupada a la comunidad.
