SANTO DOMINGO.- El grupo de derechos humanos pidió al gobierno estadounidense restablecer la prohibición de las importaciones azúcar y otros productos de la República Dominicana, debido al trabajo forzoso en las plantaciones de caña en el país caribeño.
La organización sin fines de lucro Corporate Accountability Lab afirmó que dedicó más de tres años a investigar las condiciones laborales en las plantaciones propiedad de Central Romana Corporation, Ltd., la mayor empleadora y propietaria de tierras en el país. Sus dueños tienen vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, según un informe.
Central Romana fue investigada previamente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que acusó a la empresa de aislar a los trabajadores, retener salarios, fomentar condiciones laborales y de vida abusivas e instar a realizar horas extras excesivas. En 2022, Estados Unidos impuso una prohibición a las importaciones de azúcar y derivados fabricados por la empresa, pero la medida fue revocada el año pasado bajo la administración Trump.
Uno de los propietarios de Central Romana es Fanjul Corp., con sede en Florida, dueña también de Florida Crystals. Según el informe, la familia Fanjul mantiene estrechos vínculos con Trump y el gobierno dominicano.
PETICIÓN A WASHINGTON
El grupo de derechos humanos indicó que «mientras la industria azucarera y otros intereses bien posicionados disfruten de los beneficios de dicho acceso al mercado, ignorando al mismo tiempo los abusos contra los derechos laborales en sus cadenas de suministro, la política estadounidense seguirá siendo cómplice del mismo tipo de abusos que dice combatir».
Organizaciones locales estiman que hasta 8,000 trabajadores laboran en los campos de caña de la empresa, que abarcan más de 173,700 acres.
Desde hace tiempo se quejan de falta de salarios y de verse obligados a vivir en viviendas precarias que a menudo carecen de agua o electricidad, como han comprobado periodistas de Associated Press en los últimos años. Muchos son migrantes haitianos o descendientes de haitianos que, pese a haber nacido en República Dominicana, no tienen ciudadanía.
TESTIMONIOS
El informe citó a un trabajador no identificado que dijo no tener documentos para conseguir otro empleo: «¿Por qué nos quedaríamos? De esta forma, somos sus esclavos».
Corporate Accountability Lab instó a Central Romana a inscribir a sus trabajadores en el sistema de seguridad social, pagarles al menos el salario mínimo diario, permitirles afiliarse a un sindicato independiente y proteger su salud, entre otras medidas.
Un trabajador, cuya identidad no fue revelada, declaró que los empleados de la empresa asignan los puestos y deciden cuánto se le debe a cada persona: «Siempre nos pagan menos de lo que nos corresponde, pero no podemos luchar para que nos paguen lo justo porque no tenemos ese poder».
La organización afirmó que un «clima de miedo… impregna la industria» e hizo un llamado a los consumidores de azúcar para que se adhieran a un código de conducta propuesto que sería desarrollado por los trabajadores.
«Quiero quejarme todas las semanas, pero como todo el mundo tiene tanto miedo, nadie me apoya», declaró otro trabajador no identificado.
Estos temores quedaron reflejados en un estudio reciente del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que también describió las condiciones de vida en las plantaciones como «inhumanas» y «abusivas».
RESPUESTA DE LA EMPRESA
El informe incluyó comentarios de Central Romana Corporation, que afirmó que el documento está «plagado de imprecisiones y falsedades» y que la empresa no ha violado las leyes locales ni las normas laborales internacionales.
La empresa no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios adicionales.
Corporate Accountability Lab hizo un llamado al gobierno dominicano para que regularice la situación migratoria de todos los reclutados para trabajar en los campos de caña, pague las pensiones adeudadas y haga cumplir las leyes laborales y ambientales.
La organización constató que dos tipos de trabajadores son los más vulnerables: los ancianos cortadores de caña que no han recibido sus prestaciones de jubilación y los apátridas.
«Los gobiernos de todos los países deberían prohibir la importación de azúcar y productos a base de azúcar elaborados con trabajo forzoso en la República Dominicana», declaró la organización.
