SANTO DOMINGO.- El politólogo y experto en seguridad ciudadana Daniel Pou identificó a David Collado y Carolina Mejía como figuras principales en la disputa interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras que en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) señaló a Gonzalo Castillo y Francisco Javier García como los principales aspirantes.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, transmitido por RNN Canal 27, Pou afirmó que las principales organizaciones políticas ya mueven sus piezas con miras a las elecciones presidenciales de 2028.
Explicó que Mejía cuenta con el respaldo de sectores tradicionales vinculados al antiguo Partido Revolucionario Dominicano (PRD), mientras Collado conecta con grupos empresariales y dirigentes incorporados más recientemente al oficialismo. También consideró que el ministro de Turismo tendría el apoyo del presidente Luis Abinader.
En el PLD, valoró la trayectoria y estructura política de Francisco Javier García, así como los vínculos de Gonzalo Castillo con sectores populares. Sobre la Fuerza del Pueblo, sostuvo que el expresidente Leonel Fernández continúa siendo su principal referente.
Pou estimó que una nueva fuerza política podría influir en una eventual segunda vuelta, aunque descartó un cambio drástico del sistema partidario en el corto plazo, debido a la preferencia del electorado por las organizaciones tradicionales.
SEGURIDAD CIUDADANA
En materia de seguridad, advirtió que la delincuencia ha evolucionado hacia estructuras más organizadas, algunas vinculadas al narcotráfico y al microtráfico, con mayores recursos y capacidad de expansión.
Señaló que el fenómeno requiere un abordaje que trascienda la acción policial e incluya factores sociales, económicos y culturales.
Asimismo, cuestionó el manejo de los llamados intercambios de disparos y sostuvo que la Policía debe priorizar la captura y el sometimiento a la justicia de los infractores, mediante el uso proporcional de la fuerza.
Agregó que estos hechos deben ser investigados para esclarecer las circunstancias y garantizar que las actuaciones de los agentes se ajusten a la ley.
