El desproporcionado incremento acumulado en el precio de los combustibles durante 2026 ha sobrepasado la capacidad de resistencia del presupuesto familiar dominicano. Con la gasolina premium marcando un récord de RD358.10 por galón y la regular situándose en RD317.50, el impacto inflacionario se traslada de inmediato a toda la cadena productiva y de distribución del país.
Aunque el origen formal del problema responda a tensiones geopolíticas e incrementos internacionales en los derivados refinados, la respuesta institucional no puede limitarse a la simple transferencia del golpe hacia el bolsillo de la ciudadanía. La narrativa oficial suele escudarse en la volatilidad de los mercados globales para justificar una tarifa que ahoga al consumidor y resta competitividad al aparato productivo.
Sin embargo, continuar asumiendo que el ciudadano debe amortiguar en soledad cada choque externo refleja una falta de visión estratégica en la gestión fiscal y energética. Un bien de primera necesidad y de consumo transversal como el combustible no puede ser tratado fiscalmente con la misma rigidez que un bien suntuario. Cuando el transporte y la producción se encarecen, se castiga desproporcionadamente a los sectores de menores ingresos.
Para frenar esta escalada alcista sin comprometer el equilibrio de las finanzas públicas, el Estado debe aplicar medidas de mitigación directas y de impacto inmediato. En primer lugar, resulta indispensable focalizar con absoluta transparencia y rigor los subsidios temporales, dirigiéndolos de manera exclusiva al transporte colectivo y de carga para evitar distorsiones en los precios de los alimentos.
Paralelamente, la Refinería Dominicana de Petróleo debe optimizar su capacidad de cobertura financiera e intermediación mediante contratos de futuros más eficientes que protejan la economía de los picos especulativos internacionales. No obstante, el fondo del problema reside en la estructura impositiva que grava a los hidrocarburos en nuestro territorio, la cual representa una porción desmedida del precio final en bomba.
Es imperativo revisar la carga establecida por la Ley 112-00 y sus modificaciones, ajustando el componente específico para que no continúe indexándose automáticamente en momentos de extrema volatilidad. Un tributo fijado bajo esquemas rígidos termina convirtiéndose en un ancla pesada que impide que los alivios internacionales se trasladen oportunamente cuando los mercados tienden a estabilizarse.
Adicionalmente, el impuesto ad-Valorem aplicado sobre el precio CIF genera un efecto multiplicador perverso, a mayor precio internacional, mayor es la recaudación fiscal absoluta a costa del sacrificio del contribuyente. Reducir temporalmente la tasa de este tributo en periodos de crisis internacional permitiría estabilizar la tarifa final sin desmontar por completo los ingresos presupuestarios del Gobierno central.
Esta flexibilización tributaria inteligente demostraría una verdadera vocación de corresponsabilidad social por parte del Estado, asumiendo su cuota de sacrificio en lugar de recargar la factura completa en la población. Superar esta crisis exige voluntad política para transformar un esquema de fijación de precios que ha demostrado ser inviable en entornos convulsos.
La solución de largo plazo pasa por diversificar definitivamente la matriz de movilidad y profundizar en proyectos de eficiencia energética que reduzcan la alta dependencia de los derivados del petróleo. Mientras tanto, actuar de forma responsable sobre los impuestos y optimizar la gestión de compras gubernamentales constituyen los únicos pasos reales para devolver el alivio a los hogares y garantizar la sostenibilidad del desarrollo nacional,
Finanzas para no financieros.
