Danny Sánchez, quien se identificó como uno de los cuatro abogados de la suspendida fiscalizadora Margarita Hernández Morales, instó a la Procuraduría General a que “resuelva”, pero que los acuerdos firmados por la miembro del Ministerio Público con los dos hombres que mataron a sus mujeres después de salir de la cárcel son legales y avalados por sus superiores, así como por los jueves de Instrucción y colegiados.
Sánchez cuestionó que solo sea acusada Hernández Morales.
“No hay acuerdos sin el aval de sus superiores inmediatos y entonces quiénes eran los superiores inmediatos, que resuelva la Procuraduría pero esos acuerdos fueron debidamente avalados y sentenciados por jueces, por jueces de Instrucción, por jueces del colegiado y por qué solo Margarita”, criticó Sánchez.
Tras detectarse las irregularidades en el caso del asesinato de la abogada Anibel González, el pasado mes de agosto, el Consejo del Ministerio Público, además de a Hernández Morales, suspendió también al titular de la Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís, Pedro Núñez Jiménez. A este último no se le ha imputado de delitos.
Sánchez adelantó que la barra de defensa de Hernández Morales estarán listos para el próximo jueves para subir a audiencias y probar su inocencia.
Hernández Morales está acusada de corrupción, asociación de malhechores y falsificación de documentos por el caso de González, quien fue gravemente herida por su expareja el pasado año y ultimada en agosto después que su agresor lograra salir tras un acuerdo que se determinó se falsificó la firma de González.
Se cree también que firma en el acuerdo con el victimario de Juana Domínguez, asesinada hace una semana y también firmado por la suspendida directora de la Unidad de Violencia de Género de San Pedro de Macorís igualmente fue falsificado.
