El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, cree que el momento oportuno para diseñar la reforma fiscal es después de las elecciones, en el periodo de transición, para dejar al nuevo gobierno la aprobación de un marco que permita mejorar la capacidad fiscal del Estado.
En entrevista con Diario Libre, el jefe de las finanzas públicas explicó que la reforma no busca subir unas tasas que son relativamente de las más altas de la región, sino más bien llevarlas a niveles “más razonables”.
—Anteriormente ha dicho que la coyuntura electoral impide avanzar en la reforma fiscal…
—No sería prudente adelantar una reforma antes de mayo del próximo año. Lo lógico es que, al ser una modificación importante de la base tributaria del país, pues el próximo gobierno o el próximo presidente que sea electo sea parte activa en el análisis y discusión y con los acuerdos con base en la reforma. Pero sí entiendo que a partir de las elecciones del año próximo, en el periodo de transición, debe diseñarse el modelo de reforma para fines de aprobación tan pronto el próximo presidente asuma el gobierno.
—Desde su visión como ministro de Hacienda, ¿cómo debería ser la reforma fiscal?
—Entiendo que tiene la necesidad de revisar las tasas actuales de impuestos, ver la posibilidad de disminuir algunas tasas y ampliar la base de contribuyentes, pero con tasas más razonables.
—¿Por ejemplo, el ITBIS?
—ITBIS, Impuesto sobre la Renta, Impuesto a la Propiedad. Son tasas que deben estar sobre la mesa para fines de discusión, que están en sus niveles, desde el punto de vista comparativo, relativamente altos para una economía pequeña, es decir, no hay espacio para subirlos más. Lo que deberíamos pensar es cómo disminuir esas tasas, ampliar la base de contribuyentes para compensar esa disminución.
—¿Eso incluye aplicar ITBIS a productos a los que ahora no se les cobra?
—Esos ya son los temas que habrá que discutir. Evidentemente hay productos que yo no los veo con ITBIS para su venta, como las medicinas o productos de consumo básico, pero la economía dominicana tiene exenciones de algunas tasas que en su momento fueron necesarias para impulsar algunos sectores y que ya pueden revisarse.
—¿Como cuáles?
—Hay todo un abanico de exenciones en leyes que están aprobadas y hay exenciones que han cumplido su propósito y que deben revisarse, no necesariamente para eliminarlas, pero sí para ajustarlas en el tiempo. Hay exenciones que cubren un periodo muy largo que probablemente pudieran reducirse en tiempo aunque, como fórmula de inversión, se mantenga la misma, pero por periodos más reducidos.
—En el caso del Impuesto a los Servicios Digitales, ¿qué es lo que se quiere gravar?
—El punto central para nosotros en este momento está en la venta de habitaciones a través de Airbnb porque el sector hotelero tiene por ese canal una competencia desleal. En este momento no estamos captando las tasas que corresponderían por habitaciones hoteleras cuando se van al negocio de contratación directa en habitaciones o apartamentos, ni tampoco el Impuesto sobre la Renta del beneficio que obtienen quienes hacen ese tipo de operaciones. Entonces, lo que estaríamos buscando es una racionalización, de manera que no haya una competencia desleal entre un sector que tiene vida propia y que seguirá creciendo, como es Airbnb, y las inversiones que hacen los hoteleros en infraestructuras necesarias y que estarían viendo el espacio de su mercado derivándose a un sector al margen de las contribuciones fiscales. Lo que estamos buscando es racionalizar el proceso de manera que el mercado no tenga un tratamiento discriminatorio de unos frente a otros. En adición a eso, hay una realidad: las transacciones por internet son mayores y de la misma forma como está ocurriendo con Airbnb, también está ocurriendo con las empresas comerciales que ven en las compras a través de internet también una competencia desleal, en la medida en que un empresario local tiene que invertir en personal, en inventario, en pago de renta, en compra de inmueble para establecer un negocio, y luego parte de sus posibles ventas se van fuera de su mercado por compras en internet. Lo mismo pasa en el tema del acceso a productos como Netflix que han ido en detrimento de los cobros de impuestos a las empresas de televisión por cable.
No es una realidad solamente de República Dominicana. América Latina ya tiene países que han avanzado mucho más y donde ya se están estableciendo tasas de impuestos en servicios digitales para Netflix, para Amazon, para las diferentes ofertas que se puedan obtener a través de internet. El tratamiento debe ser igualitario para quienes ofrecen servicios en República Dominicana que para quienes ofrecen servicios desde el exterior al mercado dominicano.
—¿Cómo se cobraría?
—Hay diferentes experiencias en cuanto a la modalidad de cobro. Los países que han tenido mayor éxito han estado haciendo cobros a través de tarjetas. Las tarjetas de crédito emitidas por bancos locales sirven como ente de retención del impuesto.
—¿Cuándo se concretará la licitación de parte de las acciones de Punta Catalina?
—El cronograma de ejecución de Guggenheim Securities está en tiempo para lanzar la licitación a partir del mes de enero. Se entiende que la unidad dos de Punta Catalina entra en producción ya comercial a finales de diciembre, principios de enero y, en ese momento, se estaría también lanzando al mercado la licitación de Punta Catalina para fines de un socio que entre con el Estado en la propiedad de la planta.
—¿La entrada de la segunda unidad es lo que determinará el momento de la licitación?
No, pero nosotros entendimos, y así nos lo recomendó Guggenheim, que el proceso es mucho mas ágil en el momento en que estén las dos unidades en proceso de producción comercial.
—¿De qué porcentaje hablamos de privatización de la planta?
—Tenemos un porcentaje mínimo de 49 %, pero el Estado está abierto a que entren inversionistas norteamericanos e inversionistas dominicanos y ese porcentaje pueda subir del 49 %.
—¿Estaríamos hablando de un conglomerado de varios países?
—Son empresarios norteamericanos, o canadienses o coreanos o españoles y empresarios dominicanos que también puedan ser parte del capital de Punta Catalina. Entonces, el Estado está abierto a empresarios del sector energía interesados en invertir en Punta Catalina. Ya desde hace algunos meses algunos de esos empresarios se han estado acercando de manera directa y los referimos a Gugghenheim. Y también hay empresarios dominicanos que están interesados en entrar con una participación minoritaria.
—¿Cuántas empresas han mostrado interés?
—Alrededor de unas nueve empresas norteamericanas y canadienses.
—¿Y locales?
—Locales hay dos grupos que han manifestado disposición de entrar con una inversión minoritaria.
–—Hace poco se firmó un memorando con el Banco Central para resolver su recapitalización. ¿Cómo funcionará el nuevo acuerdo?
—El memorando, que se firmó y se aprobó en Junta Monetaria, es parte del proyecto de modificación y de nueva Ley de Recapitalización del Banco Central, que será sometido al Congreso Nacional para su aprobación. Establece una nueva figura que es el fideicomiso que va a administrar la cartera de títulos que el Banco Central ha emitido para fines de compensar las pérdidas en que incurrió a raíz de la crisis bancaria de 2003. Será manejado en una administración conjunta entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en igualdad de composición en la mesa de dirección, y básicamente va a estar reemitiendo los títulos a medida que van venciendo, sacándolos del balance del Banco Central, por lo que estimamos que en un periodo de siete años el banco no tendrá en su balance general pasivos correspondientes a la crisis bancaria de 2003. Ese stock de deuda que estaría en el fideicomiso se va diluyendo en el tiempo, entendiendo que en un periodo de 22 años a 23 años se reducirá a no más de un 3 % del Producto Interno Bruto. En este momento representa un 11 a 12 % del PIB.
Lo que esta nueva propuesta de recapitalización prevé es, primero, la eliminación del balance del Banco Central de los pasivos correspondientes a la crisis y, segundo, el congelamiento de ese stock de deuda y la disolución del mismo a través del tiempo. En 22 años estaría el Banco Central recapitalizado y estaría ese stock de deuda absorbido por la economía.
—Eso está muy por arriba de los 10 años que decía la ley original…
—Pero no era real y por eso no se pudo hacer. Chile, México, países que han tenido situaciones de crisis bancarias similares, han tenido procesos de recapitalización de sus bancos centrales de 30 años. Entonces, aquí se propuso una recapitalización de 10 años, pero ningún país de los que han tenido éxito recapitalizando ha podido hacerlo en un periodo tan corto. Realmente lo que hemos hecho ahora no solamente es más factible desde el punto de vista de las finanzas públicas, sino que es una solución mucho más comprensiva del problema en sí.
