La barra de defensa del expresidente del Senado, Andrés Bautista, imputado por los sobornos de Odebrecht, advirtió este miércoles al Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que debe comenzar a dictar sentencias “valientes” que detengan muchas malas prácticas que comete el Ministerio Público cuando está instrumentado un caso.
Durante la conclusión de la presentación de sus incidentes y excepciones, los abogados plantearon que el Ministerio Público hizo una investigación oculta y parcializada en contra de Bautista, debido a que, según afirman, ocultaron muchas pruebas, y que por lo tanto deben ser excluidas de la acusación a través de una sentencia del Pleno.
El abogado Thiaggo Marrero Peralta argumentó que el Ministerio Público cometió un “contrabando probatorio”, debido a que muchas pruebas periciales fueron introducidas al expediente con la categoría de pruebas documentales. Solicitó que esas pruebas periciales sean excluidas.
Marrero Peralta argumentó, ante el alto tribunal, que el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, emitió dos sentencias en las que ordenaba al Ministerio Público entregar copias de las pruebas, sin embargo no se las entregaron.
Suspensión del juicio
Además de pedir la exclusión de las delaciones, pidieron la nulidad del auto de apertura a juicio. Pero, además, solicitaron que el proceso sea sobreseído (suspendido) hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre un recurso de inconstitucionalidad que depositaron el 8 de septiembre del año en curso, sobre la decisión de la Suprema que declaró inadmisible el recurso de casación contra la decisión de la Cámara Penal que declaró inadmisible el recurso de apelación contra el acto de apertura a juicio que dictó el juez Francisco Ortega Polanco.
Bautista tomó la palabra ante el Pleno para decir que lo incluyeron en el expediente por “una trama perversamente política”. Expresó que él no era presidente del Senado ni asistió a sesión cuando se aprobaron los contratos del acueducto de Samaná, de la hidroeléctrica Pinalito y la de Palomino.
Dijo que si fuera por aprobar contratos, deberían haber nueve congresistas; cinco presidentes de la Cámara de Diputados y cuatro del Senado.
“Quien envía los contratos al Congreso, quien hace las licitaciones, asigna las obras, busca el financiamiento y establece los complementos de financiamiento en el presupuesto es el Poder Ejecutivo, eso es de la exclusiva responsabilidad del presidente de la República. Un congresista no puede cambiar una coma ni un punto a un contrato y mucho menos puede elaborar un contrato y llevarlo allá.
Eso es de la exclusiva responsabilidad del presidente de la República y se ha querido llevar esto al Congreso para evadir responsabilidad. Eso es injusto, esto es perverso”, expresó Bautista.
