El presidente chileno Sebastián Piñera anunció el miércoles que debido a las protestas que han sacudido al país en demanda de mejoras sociales decidió cancelar las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y mundial del clima que se iban a celebrar en noviembre y diciembre.
“Esta ha sido una decisión muy difícil que nos causa mucho dolor”, dijo Piñera en un mensaje en vivo desde el palacio de La Moneda, hasta donde horas después llegaron miles de manifestantes para continuar sus protestas contra el gobierno.
La decisión es un golpe a la imagen que el presidente intentaba mostrar de Chile como un oasis de estabilidad regional y desarrollo económico, y aunque algunos creen que podría afectar la reputación del mandatario, diversos actores políticos consideraron que no había otra alternativa.
“Un presidente siempre tiene que poner por delante las necesidades de sus compatriotas”, añadió Piñera.
La cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) iba a tener lugar el 16 y 17 de noviembre, mientras que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) se realizaría entre el 2 y 13 de diciembre.
Desde hace casi dos semanas miles de manifestantes se vuelcan a las calles en Chile en reclamo de mejoras sociales a pesar de la promesa del gobierno de entablar un diálogo ciudadano, un cambio de gabinete dispuesto por el presidente Piñera y la marcha atrás de algunas medidas que desataron las movilizaciones.
El mismo miércoles miles de personas se apostaron frente al palacio de gobierno en una manifestación pacífica. La gente ondeaba banderas chilenas, hacía sonar cacerolas y levantaba pancartas con varias demandas, desde salarios justos hasta un nuevo sistema de pensiones.
Las protestas comenzaron en rechazo al aumento del precio del metro, siguieron con generalizados ataques a farmacias, supermercados y al propio tren subterráneo –que quedó con menos de la mitad de sus estaciones habilitadas– hasta llegar a las multitudinarias manifestaciones que se viven a diario a lo largo del país.
Los manifestantes demandan mejores pensiones, salud y educación y rebajas en los servicios públicos, medicamentos, viviendas sociales e impuestos al patrimonio.
“Hay un impacto reputacional para el país”, dijo César Ross, director del Departamento de Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile. “Y uno más específico para el gobierno”.
Legisladores oficialistas y de la oposición coincidieron en que no había otra opción y que ahora le toca al gobierno atender los problemas internos.
“La actual situación política que enfrenta el gobierno hacía imposible poder desarrollar ambas cumbres”, dijo el senador opositor Ricardo Lagos Weber. “Ahora es necesario aplicar dosis de realismo a nuestros desafíos nacionales”.
No faltó, sin embargo, quien criticara la decisión. “Ya basta que Sebastián Piñera haga y deshaga con el futuro de los chilenos y ahora también con el futuro del planeta”, dijo el diputado ecologista Félix González.
La secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa, señaló en un comunicado que el gobierno de Chile le informó sobre su decisión y ahora explorará lugares alternativos para la cumbre climática.
Uno de los temas principales para la reunión de este año era establecer reglas que regulen cómo los países pueden trabajar conjuntamente para reducir las emisiones, y no cada nación de manera independiente.
Un funcionario de las Naciones Unidas, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizar a hacer comentarios públicos, dijo que todos los lugares donde la ONU tiene instalaciones serán considerados como opción. Eso incluye ciudades como Nueva York, Ginebra, Bonn, Viena y Nairobi.
Funcionarios chinos y estadounidenses confiaban en concluir un modesto acuerdo comercial a tiempo para que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping lo firmaran en la cumbre de APEC. Bajo ese acuerdo, Estados Unidos aceptaba suspender los planes de imponer aranceles a las importaciones chinas por un equivalente a 250.000 millones de dólares y China aceptaba incrementar las comprar de productos agrícolas estadounidenses.
Sara Larraín, titular de la organización no gubernamental Chile Sustentable, lamentó la suspensión de la COP25 “porque obviamente es una dificultad más para las difíciles negociaciones climáticas internacionales. Pero por otro lado, comprendemos y reconocemos que en Chile no hay respeto por los derechos humanos para que el personal y los delegados extranjeros vengan a una reunión tan larga, de casi dos semanas, en una ciudad como Santiago, que es la más convulsionada por la crisis social”.
Piñera apostó por el cambio de ocho ministros, incluidos los más importantes como el del Interior -responsable del orden público- y el de Hacienda y ofreció pequeños incrementos a las pensiones más bajas y al salario mínimo, un alza en los impuestos a los que ganan más de 11.000 dólares mensuales, rebajas en los medicamentos y la electricidad y una disminución de los salarios de los parlamentarios, que oscilan entre los 27.000 y 44.000 dólares al mes.
Pero las medidas no han logrado frenar las protestas.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló en un informe que durante la vigencia del estado de sitio decretado por el gobierno hubo más de 3.100 detenidos y casi un millar de heridos.
Una misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, investiga las denuncias de violaciones durante la represión de las protestas.
