En los últimos tres años los legisladores dominicanos han recibido transferencias directas de casi cuatro mil millones de pesos con la finalidad de ser utilizadas en labores de asistencia social, de acuerdo a una investigación realizada por Oxfam.
El estudio, denominado “Autopsia fiscal, evaluación de los gastos e ingresos del Gobierno dominicano para garantizar derechos”, señala que este tipo de “órdenes quebrantan las tres funciones básicas y esenciales que se les asigna a los y las congresistas en el marco legal vigente: legislar, representar y fiscalizar”.
Por otro lado, también señala que existe la repartición de transferencias de recursos a través de categorías “no asignables” a programas de al menos 97 instituciones del Gobierno central y descentralizadas.
La investigación destaca que parte de las transacciones fueron para el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), el Instituto Nacional de la Uva (Inuva), Instituto Nacional de la Vivienda (Invi), la Lotería Nacional, Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi), el Instituto Duartiano, el Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (Indhri), el Instituto Agrario Dominicano (IAD), entre otros.
De acuerdo al informe, “El conjunto de ineficiencias, duplicidades de funciones y opacidad absoluta en la asignación del gasto público en las denominadas ‘Contribuciones especiales’ sobrepasa los RD$18,700 millones, equivalente al 0.4% del PIB en el año 2019”.
Asimismo, el análisis indica que unas 17 instituciones públicas concentran 9,382.5 millones de pesos en transferencias que no son transparentadas o se desconoce su destino final.
“Alrededor del 80% de estos recursos lo manejan el Ministerio de Defensa (RD$5,709.4 millones), el Ministerio de Educación (RD$1,000 millones) y el Ministerio de Salud Pública (RD$900 millones)”, detalla.
Otro de los puntos que destaca es que 50 instancias receptoras reciben recursos ascendentes a 5,790.8 millones de pesos, “registran alto grado de duplicidades y dispendio u otras modalidades de ineficiencias en el gasto público”.
Parte de las instituciones que reciben estos recursos son 31 gobernaciones provinciales, 15 consejos asesores y otros renglones ubicados entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Obras Públicas y otros.
“Cientos de organizaciones no gubernamentales en las áreas de salud, educación, asistencia social, entre otras, tienen asignaciones de recursos que superan los RD$2,000 millones”, expresa.
Mientras que los partidos políticos con reconocimiento en la Junta Central Electoral (JCE) reciben fondos públicos por valor ascendente 1,506.9 millones de pesos.
