El abogado y dirigente político Hotoniel Bonilla afirmó que los intentos del gobierno por obstaculizar o impedir la candidatura del expresidente Leonel Fernández constituye un grave atentado a los derechos de ciudadanía de los electores que militan o simpatizan por las organizaciones políticas que lo han postulado, al libre ejercicio de las ideas y los derechos políticos de los seguidores del doctor Leonel Fernández.
Recordó que por lo menos seis partidos políticos lo escogieron como candidato presidencial para las elecciones del año 2020, cuyos derechos deben ser respetados.
Consideró como muy grave que funcionarios del más alto nivel del gobierno dominicano lleven a cabo una campaña de manipulación de la opinión pública en torno al supuesto impedimento legal que tendría Fernández para ser postulado por las organizaciones políticas que lo han proclamado recientemente. Indicó, que este proceder constituye una clara señal de la deriva autoritaria de la actual gestión que subvierte la paz social, el clima de convivencia pacífica y el Estado democrático de derecho.
Dijo que el alegato del gobierno de que la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos tiene un mandato que le impide a Fernández ser postulado como candidato de otra organización política, por el hecho de haber participado como precandidato presidencial de su antigua organización, constituye un acto de intolerancia hacia quienes disienten de sus posturas y una actitud manifiesta de cercenar el ejercicio democrático.
Recordó, además, que mediante sentencia de la SCJ de fecha 6/02/2002, ese alto tribunal determinó que cuando la Constitución establece las normas sobre el derecho a elegir y ser elegible que tienen los ciudadanos, ni la ley ni reglamento alguno pueden alterar lo indicado en la norma constitucional.
Agregó que igual lo ha hecho el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC0059/13, en la cual estableció que la vigencia de esos derechos no puede depender de decisiones políticas de los legisladores. Recordó los legisladores actuaron por mandato del mismo grupo político que ahora se opone.
También se refirió al Reglamento, de fecha 7/5/2019, dictado por la JCE para la escogencia de candidatos y precandidatos, en el cual el organismo comicial reconoce su obligación de respetar la prerrogativa Constitucional que tiene todo ciudadano de elegir y ser elegible, lo que le impide establecer o admitir otras limitaciones.
El jurista advirtió a los funcionarios del gobierno que mantienen esa postura a desistir de sus intentos por obstruir dicha candidatura, pues de lo contrario, dijo, podrían desencadenar una ruptura de la frágil institucionalidad, que afectaría gravemente la maltrecha imagen del país, desataría trastornos indeseados sobre la necesaria paz social y precipitaría acontecimientos similares a los que se viven en la región.
