Cada aguacero en República Dominicana se convierte en tragedia anunciada: calles inundadas, casas arrastradas y vidas perdidas. La culpa no es del agua, sino de décadas de negligencia y cortoplacismo de los gobiernos.
La Mesopotamia en 1998, Alma Rosa en 2011, Santo Domingo en 2023… los ejemplos se repiten. Los barrios vulnerables siguen expuestos, los drenajes colapsan y las obras prometidas nunca se concretan. Mientras tanto, los funcionarios posan con botas y raciones, olvidando que la verdadera obra pública es la prevención.
Cada muerte es evidencia de una deuda política acumulada: promesas incumplidas, clientelismo y falta de planificación urbana. La solución existe y no es utópica: drenajes eficientes, reubicación de asentamientos riesgosos y supervisión transparente de obras.
Hasta que esto no ocurra, cada aguacero será también un recordatorio cruel de que la mayor catástrofe en República Dominicana no proviene de la tormenta, sino de quienes deberían protegernos.
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