
Las manifestaciones, que comenzaron contra el aumento de las tarifas del metro para abarcar después un amplio abanico de reivindicaciones sociales, se encuentran ya en su tercera semana y no parecen querer remitir.
El gobierno aparece como impotente pese a haber declarado el estado de emergencia y sacado a los militares a patrullar las calles junto a la policía.
«Hay llamados a que dimita», le dijo la periodista Katy Watson de la televisión pública británica «¿Lo va a hacer?».
«No», contestó tajantemente el presidente conservador que paga sus errores en la gestión de este estallido social con una caída estrepitosa de popularidad.
Con 13% de aprobación, es el jefe de Estado con las cifras más bajas desde el regreso a la democracia en Chile en 1990.
«Estos problemas se han ido acumulando en los últimos 30 años, soy responsable de parte de ello y asumo mi responsabilidad pero no soy el único», afirmó.
Activistas, encabezados por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, emplazaron a Piñera a frenar lo que denuncian como «graves y sistemáticas» violaciones de los derechos humanos para reprimir las protestas.
«Hay muchas presuntas quejas sobre uso excesivo de la fuerza y si eso tuvo lugar puedo garantizar que será investigado (…) y será juzgado», afirmó Piñera.
«No habrá impunidad», aseguró.