Sin Parlamento, con un Poder Judicial debilitado, acusaciones de represión política y cuestionados decretos presidenciales, Haití se acerca hoy a la crisis, incertidumbre e inestabilidad.
En los últimos dos días la nación vivió un intento de golpe de Estado y magnicidio, según denunciaron las autoridades, el retiro de tres jueces de Casación inamovibles y la instalación de un gobierno paralelo, todo un cóctel explosivo para un país de poco más de 11 millones de habitantes.
En el centro del debate se encuentra el disputado mandato presidencial de Jovenel Moïse, quien mucho antes de los hechos recientes ya enfrentaba masivas protestas contra su gestión, acusaciones de corrupción y críticas sobre la creciente violencia y el poder de los grupos paramilitares; sin embargo, permanece aupado por la comunidad internacional, en especial por la administración estadounidense.
La oposición política plural, organizaciones de la sociedad civil, federación de abogados, religiosos, e incluso el Poder Judicial, determinaron el fin de la gestión de Moïse el domingo, una fecha simbólica pues marca el aniversario de la caída de la dictadura. Él, en cambio, no está de acuerdo.
