Sectores políticos, sociales y judiciales de la República Dominicana externaron su preocupación y rechazo en torno al Plan de Seguridad Ciudadana, anunciado por el gobierno que, entre otras prerrogativas, dispone la compra de armas de fuego que estén en manos de civiles de manera ilegal para su posterior destrucción.
Los cuestionamientos se registran en medio de una ofensiva gubernamental de defensa del plan que, según el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, será innovador.
Para la directora de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, de la Procuraduría General de la República (PGR), Maura Martínez, la compra de armas de fuego por parte del gobierno incrementaría el robo de las mismas. Martínez proclamó que “yo quiero pensar que a la información le hacen falta más datos, porque no se entiende en su totalidad”, refiriéndose a lo planteado por el presidente Luis Abinader sobre el plan.
