De sólo saber que el ruido les molesta, que el vecino o dueño de negocio es un inconsciente que no los deja dormir o que el Sistema 9-1-1 no acude tras denunciar los excesos, residentes del Distrito Nacional llevan meses siendo orientados sobre los alcances de la leyes de Medio Ambiente 64-00 y Prevención de la Contaminación Sónica 90-19 y hoy se dan por enterados de que excederse en los decibeles permitidos constituye un delito medioambiental que se sanciona, incluso, con la cárcel.
Las charlas que llevó la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, en coordinación con el colectivo Vecinos Contra el Ruido, a diferentes juntas de vecinos de la capital, ha tenido un efecto positivo porque empodera a la ciudadanía sobre su derecho a vivir en tranquilidad y los pasos a seguir para formalizar una denuncia de contaminación sonora.
