Luego de que el presidente del Pleno, Luis Henry Molina Peña rechazara inhibirse de permanecer en el caso por los vínculos que existen entre él y el senador por San Cristóbal e imputado por el caso, Tommy Galán Grullón, los abogados de Víctor Díaz Rúa lo recusaron a él así como a los jueces Napoleón Estévez Lavandier, Fran Soto Sánchez, Francisco Jerez Mena y Vanessa Acosta.
Los abogados sustentan la recusación a Molina Peña en que la acusación formulada por el Ministerio Público contra Tommy Galán lo vincula a él también toda vez que según lo dicho por los fiscales, el senador habría recibido dinero de Odebrecht para el financiamiento de su campaña en el año 2016 y que en tal sentido, en su función de coordinador provincial de campaña esa imputación no le es ajena.
Respecto al juez Estévez Lavandier, antes de ser designado juez de la SCJ era el abogado del diputado Alfredo Pacheco quien antes de la presentación de la acusación fue beneficiado con un archivo provisional por este mismo caso debido a que según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción administrativa (PEPCA), no se encontraron pruebas suficientes que demostraran que recibió dinero de Odebrecht.
La Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia establece en su artículo 20 que corresponde al Pleno en su conjunto conocer de la inhibición o recusación de uno o varios de sus miembros, sin embargo, la ley dispone que no pueden sesionar menos de 12 por lo cual deberán determinar si tendrán que llamar a dos jueces de Corte de apelación para que completen el quórum.
“Tengo la certeza de no encontrarme en ninguna de las condiciones requeridas para que sea acogida la solicitud de inhibirme, de alguna de las partes”, dijo el presidente de la Suprema luego de que la defensa del senador le pidiera inhibirse por salud del proceso y porque además no quiere que sea cual fuere la decisión que tome el Pleno, se vincule al hecho de que trabajaron juntos en la campaña electoral.
