El Tribunal Constitucional (TC) declaró “inadmisible” una acción directa de inconstitucionalidad en contra del Fondo de Gestión Provincial Senatorial, conocido como “el barrilito”, recursos aprobados, de manera administrativa, por el Senado a cada uno de los legisladores para ayudas sociales.
El alto tribunal argumentó, para rechazar la acción de los recurrentes, que los accionantes no invocan la nulidad del acto administrativo, sino que atacan el beneficio en sí mismo, lo cual escapa del control directo de constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional”.
El recurso fue incoado por la Fundación Derecho, Educación, Ciudadanía y Democracia (Fundación DEECIR) y la señora Finetta A. Castillo Quiñones.
