SANTO DOMINGO.- El exprocurador general de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, exigió al Gobierno frenar las presuntas ejecuciones extrajudiciales y fortalecer la investigación criminal para enfrentar la delincuencia con apego a la ley.
Entrevistado en el programa El Día, cuestionó la política de seguridad ciudadana de la administración de Luis Abinader y advirtió sobre las muertes atribuidas a supuestos intercambios de disparos.
«Nunca antes habíamos tenido una situación tan crítica, tan peligrosa, tan preocupante como la de ahora», expresó.
El dirigente opositor denunció presuntos vínculos de agentes policiales con redes de microtráfico y actuaciones violentas contra integrantes de grupos rivales. Asimismo, señaló que jóvenes de sectores vulnerables pierden la vida sin ser sometidos a procesos judiciales.
Ante esta situación, pidió al presidente Abinader, a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Interior y Policía asumir una posición firme frente a las denuncias.
Domínguez Brito también criticó las modificaciones al Código Procesal Penal y la burocracia judicial, al considerar que obstaculizan la resolución de casos y debilitan la capacidad de sancionar a quienes cometen delitos.
Como alternativa, propuso transformar la Dirección Central de Investigación (DICRIM), con nuevos mecanismos de reclutamiento, capacitación, evaluación y supervisión de sus agentes. Además, consideró insuficiente la reforma policial impulsada por el Gobierno.
«Vamos a concentrarnos en que la seguridad ciudadana descanse en una policía que sea eficaz y un sistema de justicia que condene y que sancione a aquel que comete una falta», manifestó.
El exprocurador también abogó por fortalecer la prevención del consumo de drogas entre los jóvenes y la persecución del narcotráfico.
Finalmente, sostuvo que la seguridad ciudadana debe apoyarse en instituciones profesionales, investigaciones eficaces y respeto al Estado de derecho, y advirtió que las ejecuciones sumarias no constituyen una solución sostenible a la criminalidad.
