SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció presuntas inconsistencias técnicas, jurídicas y económicas en el proyecto de extracción de sedimentos de la cola de la presa de Hatillo, en el río Yuna.
Paino Abreu, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la organización opositora, exigió suspender las operaciones hasta esclarecer las diferencias entre los volúmenes autorizados y los contratados.
Explicó que el permiso otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) autoriza extraer 100,000 metros cúbicos durante seis meses.
Sin embargo, afirmó que tres contratos suscritos entre diciembre de 2025 y enero de 2026 suman 1,330,694 metros cúbicos, más de 13 veces el volumen permitido.
CUESTIONA BENEFICIOS ECONÓMICOS
Abreu sostuvo que la comercialización de grava y arena podría generar ingresos cercanos a RD$1,000 millones, luego de descontar los costos estimados de extracción, transporte, procesamiento y comercialización.
Por ello, cuestionó la ausencia de mecanismos competitivos y transparentes que garanticen al Estado una participación adecuada en los beneficios.
Aunque reconoció la importancia de retirar sedimentos para recuperar la capacidad de almacenamiento de los embalses, advirtió que el proyecto debe ejecutarse con controles técnicos, ambientales y económicos, incluyendo medidas para proteger y restaurar las cuencas hidrográficas.
PIDEN INVESTIGACIÓN Y SUSPENSIÓN
La organización solicitó revisar el permiso y las condiciones de ejecución, con participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), y pidió detener la extracción, el acarreo y la entrega de materiales hasta que una comisión técnica evalúe el proyecto y publique sus conclusiones.
También reclamó al Ministerio de Medio Ambiente explicar por qué la iniciativa no fue clasificada en la categoría A, conforme a la Resolución 0025-2024.
Asimismo, pidió a la Procuraduría Ambiental investigar posibles violaciones a la Ley 64-00, a Contrataciones Públicas revisar el procedimiento de la EGEHID y a la Cámara de Cuentas auditar los contratos y sus resultados económicos.
Abreu defendió una veeduría ciudadana independiente y reiteró que la FP no se opone a limpiar la presa, sino a la falta de transparencia.
«El río Yuna no puede seguir siendo una cantera y la cola de Hatillo no puede convertirse en el cuerpo de un negocio opaco», expresó.
