El presidente Luis Abinader promulgó la Ley de Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Presupuestario del año 2021, luego de su conocimiento y debates en el Congreso Nacional.
“Promulgo la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y ejecución”, consta en la promulgación con la firma del presidente Abinader.
Ley General de Presupuesto del Estado 2021, la 237-20, por un monto de un billón 94 mil 808 millones 402 mil pesos, iniciativa del Poder Ejecutivo, se había aprobado en dos sesiones consecutivas del Senado el lunes pasado.
Previamente, el 25 de noviembre, había sido aprobada por la Cámara de Diputados en segunda lectura.
La Ley incluye, entre sus considerandos, que en el programa de Gobierno se consigna alinear los objetivos de las políticas públicas a las necesidades de la gente.
También se consideró que el Poder Ejecutivo tiene la firme disposición de realizar una verdadera gestión del Plan de Gobierno, la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Agenda ODS 2030, vinculando la planificación con el presupuesto.
Corresponde al Poder Ejecutivo la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, el cual contempla los ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento requerido, realizado en un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado.
“Considerando segundo: Que el Estado debe realizar una asignación equitativa del gasto público en el territorio, y su planificación, programación, ejecución y evaluación responderán a los principios de subsidiaridad y transparencia, así como a los criterios de eficiencia, prioridad y economía”, también se tomó en cuenta para la aprobación de la ley.
Medidas ante el COVID-19
Para a aprobación presupuestaria también se tomó en cuenta la crisis económica provocada por COVID-19, por lo que el Gobierno dominicano está comprometido a realizar medidas corto plazo tendente a eficientizar y elevar la calidad del gasto público, orientando su acción a la protección de los sectores con vulnerabilidad.
Indica que el contexto socioeconómico obliga a que exista una mayor responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía en su conjunto con el objetivo de mitigar la prolongación de los efectos de la pandemia en los sectores económicos e impulsar al crecimiento sostenible para el desarrollo humano.
