Con la designación de juez especial para conocer sobre las imputaciones de narcotráfico y lavado de activos que pesa contra tres diputados involucrados en la Operación Falcón se abre el escenario para que se levante la inmunidad parlamentaria que protege a esos legisladores.
El levantamiento de la inmunidad, que puede solicitarla el Ministerio Público al Congreso o durante la etapa investigativa por decisión de un juez designado, debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, aun en el caso de que los propios imputados decidan renunciar a esa prerrogativa.
Además del privilegio de jurisdicción que les otorga la Constitución a los congresistas, la inmunidad les protege de ser apresados durante el proceso investigativo, por lo que las acusaciones en su contra pueden ser conocidas en libertad, al menos, mientras está abierta la legislatura. La Constitución dominicana establece que “ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen”.
