Aunque una parte de los congresistas opositores presentó un informe disidente para impedirlo, la Cámara de Diputados aprobó de urgencia este martes el proyecto de ley que propone crear una nueva institución gubernamental: Ministerio de Justicia, el cual se adicionaría a la lista de los 23 establecidos en el país.
Esta iniciativa legislativa, aprobada esta tarde en dos sesiones consecutivas, deberá regresar al Senado de la República para ser conocida en una única lectura antes de ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación, luego de que los diputados decidieran realizar diversas modificaciones de forma en algunos artículos.
La figura del Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal durante los primeros 120 años de la República, desde la proclamación de la primera Constitución el 6 de noviembre de 1844. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1964 fue suprimido, en ese momento identificado como Secretaría de Justicia, transfiriendo sus funciones a la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, para los congresistas redactores del documento legislativo, “cada vez más se manifiesta la necesidad institucional” de delimitar las atribuciones de persecución criminal que le caracterizan al Ministerio Público, separándolo de asignaciones “meramente funcionales y administrativas”.
Por lo que, según los senadores Félix Bautista y Cristóbal Castillo, el Ministerio de Justicia podría asumir la gestión del esquema penitenciario nacional, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación, el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales.
Viceministerios
El Ministerio de Justicia sería agregado a la lista de órganos constitucionales, legales y procesales que conforman el Poder Judicial del país.
Dentro de los que se encuentran el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Consejo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Superior Electoral (TSE), entre otras jurisdicciones.
Los senadores visualizaron la integración de cinco viceministros para garantizar el funcionamiento institucional.
Estos son el Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, de Representación Judicial y Extrajudicial, de Políticas Penitenciarias y Correccionales, al igual que de Asuntos Registrales, Políticas Públicas contra la criminalidad, Derechos Humanos y Servicios a la Ciudadanía.
También, el documento establece que el incumbente de este ministerio tendría que cumplir con los siguientes requisitos: ser dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad, ser licenciado o doctor en derecho y demostrar un alto nivel de conocimiento sobre las ciencias jurídicas.
“El ministro de Justicia no (podría) desempeñar ninguna otra función pública o privada, salvo la actividad docente y la investigación académica”, indica el segundo párrafo del artículo 11.
“En contra de la austeridad gubernamental”
Los diputados Jorge Leonardo Tavares, Carlos de Pérez, José Jiménez presentaron un informe disidente en representación de la bancada política de la Fuerza del Pueblo para demostrar que es innecesario instituir este órgano gubernamental.
“Es innecesaria desde el punto de vista funcional y administrativo, pues las competencias que se pretende centralizar ya están adecuadamente distribuidas entre órganos constitucionales y especializados”, indicaron los congresistas en el documento.
Además, provocaría “serios riesgos de inconstitucionalidad”, al vulnerar disposiciones claras de la Carta Magna sobre distribución de competencias, jerarquía normativa y autonomía institucional.
“Es contraproducente para el fortalecimiento del sistema de justicia, al desarticular estructuras ya consolidadas y reemplazarlas por entidades nuevas sin garantías de eficacia ni independencia”, aseveran.
Los representantes afirmaron que esta propuesta resulta contraria a la lógica de austeridad promovida por el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, al implicar la creación de una nueva estructura con alto costo operativo.
“Genera duplicidades y superposiciones funcionales con instituciones existentes, tales como el Ministerio Público, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Defensor del Pueblo”, puntualiza.
No obstante, estos diputados manifestaron su oposición a un proyecto de ley que fue elaborado por un senador integrante del partido político al cual pertenecen: La Fuerza del Pueblo. Mientras tanto, los representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidieron respaldar la iniciativa.
