A pesar del rechazo y repudio que externa gran parte de la ciudadanía hacia los fondos del barrilito, los senadores no han abandonado la práctica de recibir los recursos y han recibido la suma de RD$63,681,000 desde la instalación del nuevo tren gubernamental y legistativo el pasado 16 de agosto.
De los 32 senadores del país, tres se han rehusado a recibir los fondos de asistencia social, mientras que los 29 restantes han manifestado constantemente que no renunciarán a estos beneficios por considerarlos como una colaboración para los pobladores de las provincias que representan.
Asimismo, se oponen a los pronunciamientos mediáticos, a las recomendaciones del presidente Luis Abinader para eliminar esta entrega de millonarios fondos y a la propuesta de la senadora Faride Raful para elaborar un proyecto de ley que elimine el barrilito del Congreso Nacional.
Desde el pasado 16 de agosto, cuando Luis Abinader se instaló como jefe de Estado de la República Dominicana, los senadores Eduardo Estrella y Antonio Taveras renunciaron a los beneficios del barrilito y dos meses más tarde, la senadora Faride Raful también abandonó la recepción de los recursos bajo fuertes presiones sociales y mediáticas.
El bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo considera que el rechazo que tiene la población al barrilito obedece a la mala información sobre el tema y puntualizó que “la parte mediática ha jugado un papel muy fuerte” en el tópico de los fondos. Por tanto, entiende que el repudio hacia esos recursos obedece a una desinformación sobre el mencionado dinero público.
En ese sentido, el senador Dionis Sánchez, vocero del partido, defendió la legalidad del barrilito y explicó que como el Senado es un organismo colegiado, el presidente de la Cámara Alta no puede administrar todos los fondos, por lo que se recurre a la repartición de los mismos para los legisladores de las distintas provincias.
Los senadores del PLD también se han mostrado a favor de que los legisladores reciban estos recursos y refirieron como ejemplo la provincia Elías Piña -de la cual es representante el legislador Yvan Lorenzo- en donde los fondos de asistencia social son utilizados para “dar facilidades de estudio a los jóvenes y para dar alimentos a las familias que no pueden adquirirlo”.
En ese sentido, Lorenzo entiende que para el correcto uso de esos recursos, el Senado debe abocarse a una fiscalización de los mismos a fin de que “sean transparentados y auditados”.
“No es dañino que los senadores que representan un territorio reciban este dinero porque una de sus funciones es ayudar a su población”, sostuvo Lorenzo.
