Se debilita el expediente contra los acusados en el caso Calamar tras ayer el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declarar extinguida la acción penal de varios de los querellantes, lo que implica que en lo adelante no podrán continuar en el proceso.
La decisión hace menos pesada la carga penal contra los imputados, puesto que ahora tendrán 90 querellantes menos, de un total de 262 acusadores.
El Cuarto Juzgado de Instrucción declara extinguida la acción penal de varios querellantes en el caso Calamar
En el caso figuran como imputados principales los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, acusados de estafar al Estado con decenas de millones de pesos durante la gestión del entonces presidente Danilo Medina.
La juez Altagracia Ramírez tomó la decisión al considerar que los abogados de las partes querellantes no estaban debidamente representados por los poderes pertinentes y fijó la lectura íntegra de la decisión para el 25 de agosto.
En específico, la magistrada Ramírez dispuso el archivo de tres casos, que incluían a más de noventa querellantes, de un total de 262 que interpusieron acciones particulares a la acusación presentada por el Ministerio Público.
La decisión se tomó porque las acciones penales fueron «mal promovidas», declarando la extinción de la acción penal en estos casos, y uno de los casos archivados incluía a ochenta y cinco de estos querellantes.´
La juez también dictaminó el desistimiento tácito, conforme al artículo 134 del Código Procesal Penal al no presentarse, ni presentar querellantes, ni poder especial de los representados, de Pablo Castillo y Anabel Montalvo Mota, dos abogados que habían promovido diversos aplazamientos, incluyendo certificados médicos de ambos en la misma audiencia.
El tribunal además ordenó el desglose de dos querellados que están en grave estado de enfermedad, Andrés Moya de 86 años, que padece cáncer terminal, y Parmenio Rodríguez, quien tiene cáncer de próstata.
Entre los acusados también figuran Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, respectivamente.
El Ministerio Público acusa a los implicados de desviar millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos relacionados con la campaña política del 2020.
