SANTO DOMINGO. – El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) ha hecho de público conocimiento su relanzamiento, retomando la iniciativa gestada hace un cuarto de siglo por los fenecidos penalistas y criminólogos, doctores Ramón Pina Acevedo y Héctor Cabral Ortega, en el año 1990. La corporación, conformada por abogados, abogadas y otros profesionales con alto perfil y sólida vocación en el estudio del Derecho Penal y Procesal Penal, ha establecido entre sus fines más meritorios defender los derechos de los abogados, de los empleados judiciales y de la sociedad en sentido amplio.
La información contenida en esta noticia se desprende de una nota de prensa enviada a la redacción del periódico digital Desde el Estrado, que dirigen Leonardo Castillo y Nancy Galán.
El IDDP, constituido como una corporación de derecho privado, tendrá su sede principal y domicilio en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, con oficinas en la Ave. Abraham Lincoln n° 852, Apto. 301, 3er nivel, Ensanche Piantini.
Entre las metas centrales del renovado Instituto figuran generar e impulsar el perfeccionamiento del orden jurídico, buscando el progreso de la legislación penal y procesal penal de la nación. Esto se logrará a través de la investigación, la discusión, la confrontación y la presentación de propuestas técnicas y científicas en las esferas penales y criminológicas.
Además de la defensa de los intereses gremiales y la promoción de la profesión, el IDDP se enfocará en la defensa de los derechos humanos, la independencia nacional, la soberanía y el patrimonio público, siempre dentro de un contexto de conducta y espíritu democráticos.
El Instituto también se compromete a promover una cultura científica mediante la reciprocidad y cooperación con gremios profesionales del derecho y en foros, congresos y entes de difusión del Derecho Penal, Procesal Penal, Constitucional, Criminología, Criminalística, Estudios Forenses, Antropología Criminal y Neurociencia. Otra función clave será prestar orientación y asesoría a los órganos del Congreso Nacional en relación con proyectos de leyes, reformas, o la adecuación de legislaciones a la idiosincrasia nacional.
Como incentivo al crecimiento y desarrollo del acervo jurídico cultural, la institución publicará trimestralmente trabajos en su revista «Lex Penal». Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva otorgará premios bianuales para reconocer a personas físicas o jurídicas destacadas por investigaciones, descubrimientos, publicaciones meritorias o contribuciones notables a la sociedad.
Se otorgarán ocho galardones, incluyendo el «Premio Ángel María Soler» por Derecho Penal (I) y el «Premio Héctor Emilio Sánchez Morcelo» por Derecho Procesal Penal (II). Otros reconocimientos incluyen el «Premio Héctor Augusto Cabral Ortega» por Criminología (III), el «Premio Miguel Our Canela Lázaro» por Medicina Forense (IV), y el «Premio Leoncio Ramos» por Sociología, Antropología Criminal y Criminalística (V). El premio al meritorio ejercicio profesional será el «Premio Ramón Pina Acevedo y Martínez» (VI), el de la enseñanza o cátedra universitaria será el «Premio R. R. Artagnan Pérez Méndez» (VII), y el de Derecho Constitucional será el «Premio Juan Manuel Pellerano Gómez» (VIII).
El IDDP ejercerá sus funciones por medio del Consejo Directivo y la Asamblea General. El Consejo Directivo está constituido por una amplia lista de abogados, incluyendo a Carlos Balcácer, Félix Damián Olivares, Valentín Medrano, Cándido Simón, Ricardo Nieves, Ingrid Hidalgo Martínez, Juan Hirohito Reyes, Frank Reynaldo Fermín, Manuel Sierra, Freddy Castillo, J. Guarionex Ventura, Ivo René Sánchez, Jhon Garrido, Francisco Manzano, Manuel García, Enrique Vallejo Garib, Carlos Olivares, y Pedro Duarte Canaan, contando además con Fidias Aristy como asesor.
La Dirección Ejecutiva del Instituto emitió la misiva desde Santo Domingo de Guzmán, D.N., el 25 de septiembre de 2025.
