El fracaso de la operación para capturar a un hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, seguido de días de explicaciones cambiantes por parte del gobierno, ha expuesto no tanto que México tiene una estrategia fallida de seguridad, sino en realidad ninguna, a decir de expertos.
Hasta ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad han definido su estrategia enfocándose en lo que no es -según los expertos – diciendo que México ya no está librando una guerra contra las drogas ni busca capturar ni matar a capos del narcotráfico, como hicieron gobiernos anteriores.
Sin embargo, esas palabras aparentemente se contradicen con la fallida misión del 17 de octubre para capturar a Ovidio Guzmán, un personaje del cártel de Sinaloa, en Culiacán, una ciudad que controla esa organización, la cual parecía ese día una zona de guerra.
Cuando le preguntan que defina su estrategia para frenar la elevada tasa de homicidios y a los cárteles del narcotráfico responsables de numerosas muertes, López Obrador responde con ideas filosóficas más que con estrategias, y a menudo menciona una variedad de programas sociales.
El mandatario dijo el jueves que su gobierno no será forzado a declarar una guerra al narcotráfico, y afirmó que su estrategia tiene un enfoque diferente.
“Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”, declaro el presidente, quien atribuyó a la corrupción la inseguridad, la violencia y el narcotráfico en el país.
López Obrador pareció culpar a todos de los sucesos en Culiacán salvo a los narcotraficantes, e incluso arremetió contra la prensa, de la que dijo ha incurrido en el “amarillismo”.
“Esto es pacificar al país convenciendo, persuadiendo, sin violencia, ofreciendo bienestar, opciones alternativas, mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, fortalecer valores”, apuntó
Cuando fue candidato presidencial, López Obrador sintetizó estos objetivos con la pegajosa frase de “abrazos, no balazos”.
Pero ahora que es mandatario, México se enfila a cerrar el año con más de 32.000 homicidios, y la ciudadanía fue testigo de la muerte de 13 personas en las calles de Culiacán, donde una unidad especial antinarcóticos del ejército capturó y después dejó ir a Ovidio Guzmán para evitar un mayor baño de sangre.
“Ya no puede seguir con esta estrategia de peace and love con los criminales y decir que no hay guerra”, afirmó Raúl Benítez, experto en seguridad y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Los criminales están declarando la guerra al gobierno y al país, a la ciudadanía, a la población”.
López Obrador también enfrentó el jueves preguntas sobre una inconformidad atípicamente pública al interior de las fuerzas armadas de México. Un periódico mexicano publicó esta semana un discurso del general Carlos Gaytán a otros oficiales militares después de la crisis en Culiacán, que siguió a una serie de agresiones de grupos delictivos contra las fuerzas de seguridad.
El repliegue de los soldados frente a sujetos armados del cártel reforzó la impresión de que el gobierno abandonó desde hace tiempo el control efectivo de ciudades, localidades y regiones enteras ante grupos del narcotráfico.
“Nos preocupa el México de hoy”, afirmó Gaytán. “Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados”.
López Obrador dejó de lado las preocupaciones sobre una división al interior de las fuerzas armadas, a las que ha favorecido con mayores responsabilidades y recursos.
“No tengo la menor desconfianza del ejército”, declaró el presidente.” Al contrario, cuento con el apoyo, con la lealtad del ejército”.
Los expertos aseguran que el aumento en el número de homicidios y la incapacidad del gobierno para difundir una estrategia de seguridad coherente no pintan un panorama optimista para los cinco años restantes de López Obrador en la presidencia. A la fecha, el mandatario ha culpado a sus predecesores de los problemas heredados, aunque en algún momento los electores no aceptarán más esa postura.
“Cómo congeniar esta visión ‘humanista’ y ‘progresista’ del presidente y su gobierno con una realidad innegable y una necesidad innegable de contener la violencia tanto de los grupos de narcotráfico como la violencia delincuencial ordinaria”, señaló Erubiel Tirado, coordinador del programa de seguridad nacional, democracia y derechos humanos en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México.
El elemento más visible de una estrategia de seguridad en el gobierno de López Obrador, aunque no es una estrategia en sí, fue la creación de la Guardia Nacional. Se supone que la nueva fuerza cubriría el vacío creado por la disolución de fuerzas policiales corruptas y superadas por el hampa en el país, y también serviría hasta cierto punto para reducir la utilización de soldados en labores policiales.
Sin embargo, una gran parte de la guardia fue canalizada de inmediato a acciones policiales contra inmigrantes debido a exigencias de Estados Unidos.
“No son una fuerza policial profesionalizada, capacitada para efectuar labores de investigación, vigilancia, inteligencia, y que cuente con equipos especiales para realizar operaciones de arresto en una mejor manera, no mediante la confrontación en las calles”, dijo Tony Payán, director del Centro para Estados Unidos y México en el Instituto Baker para Políticas Públicas en la Universidad Rice en Houston.
También se desconoce cómo encajará la Guardia Nacional en los programas sociales que López Obrador asegura atacarán de raíz las causas de la delincuencia en México.
“No parece haber algún tipo de pensamiento holístico o integrado sobre cómo vincular los programas para la prevención de la violencia, que tanto menciona el gobierno, con el verdadero combate al crimen organizado”, dijo Duncan Wood, director del Instituto México del Wilson Center.
López Obrador habla poco del fortalecimiento del sistema de justicia de México, un componente crucial para contener los problemas de seguridad en el país.
La falta de una estrategia clara no sólo preocupa a los mexicanos, sino también a sus vecinos del norte.
En octubre, Payán se reunió con personal de la embajada estadounidense en la Ciudad de México, que le expresó preocupación.
“Ellos dijeron con claridad que están a la espera de que el gobierno (de López Obrador) tenga una estrategia clara y les comunique lo que pretende hacer y cómo hacerlo”, declaró Payán.
Estados Unidos ha tenido diversos niveles de cooperación con los gobiernos previos en México en la lucha contra el narcotráfico, pero ha tenido dificultades para encontrar los canales de esa cooperación en el gobierno de López Obrador.
“A partir de mis conversaciones me parece que el gobierno de López Obrador considera a estas agencias estadounidenses como parte de una guerra contra el narcotráfico que él desea dejar atrás”, declaró Payán.
En el caso de Ovidio Guzmán, Estados Unidos ha solicitado su captura con fines de extradición.
López Obrador, en respuesta a conjeturas de que el gobierno estadounidense había apremiado a México para que efectuara la operación, dijo tajante el jueves que “nosotros no recibimos órdenes de Washington”.
Wood, del Centro Wilson, puso en duda que ésta sea la última vez que México persiga a un jefe narcotraficante en el gobierno de López Obrador, porque Estados Unidos no cejará en sus exigencias.
“Hubo una enorme decepción entre la gente en el Congreso y el Departamento de Estado, y de los servicios de inteligencia por el mal manejo del operativo en Culiacán”, dijo Wood.
“Ahora, la pregunta es, ¿la próxima vez que capturen a un objetivo de alto valor, que harán si enfrentan la misma situación? ¿Van a echarse para atrás o van a jugársela?”, preguntó.
