Al mes de septiembre del moribundo año que ya llega a su final, dos cosas se repiten en el sistema de pensiones dominicano de capitalización individual, que ya son bien sabidas, e igual, bien olvidadas. La desigual y escandalosa rentabilidad, entre lo mucho que reciben las administradoras de fondos de pensiones, en comparación con lo recibido por los llamados y supuestamente protegidos del sistema, los afiliados, que tienen por futuro un destino de precarias pensiones a partir de sus retiros.
La otra cosa: la negación persistente de derechos a muchos familiares consistente en recibir las pensiones de sobrevivencias y discapacidad por la muerte o incapacidad para trabajar relacionadas con sus parientes afiliados.
En el boletín de tercer trimestre del 2019, divulgado por la Superintendencia de Pensiones, se observa las siete administradoras de fondos de pensiones que son habilitadas para operar en el sistema. Son estas la Atlántico, JMMB-BDI, Crecer, Popular, Reservas, Romana, Siembra.
Las dos primeras (Atlántico y JMMB-BDI) son de más reciente inicio en sus operaciones en el mercado dominicano, por lo que sus rentabilidades corporativas son muy bajas o negativas. La primera registró una utilidad neta, con relación a sus ingresos totales de 6.1%, y la segunda una pérdida 71.0%, también con relación a sus ingresos.
En tanto, sobre las de mayor longevidad en el mercado, Crecer, Popular, Reservas, Romana, Siembra, en conjunto sus ingresos sumaron cerca de RD$9,559,1 millones, y su rentabilidad neta alcanzó un poco más de RD$5,193.1 millones, lo que significa que el monto conjunto de sus utilidades netas representó el 54.3% del total de lo ingresado. O sea, es como si usted invierte un monto determinado para un negocio, y en siete meses ha recuperado más de la mitad del capital.
La Superintendencia de Pensiones incluye recientemente dos tipos de rentabilidades en su boletín, el económico y el financiero. El primero, el ROA, consiste en la rentabilidad sobre los activos; y el segundo, el ROE, mide la rentabilidad sobre el capital invertido.
Exceptuando a la AFP JMMB-BDI, que reciente ingresó al mercado y por tanto aún registra pérdidas, todas las restantes tienen rentabilidades positivas para ambos indicadores. En el caso de la ROE, la más baja es la de la AFP Atlántico (10% en ROE, y 6% en ROA). El resto varía entre 38% a 65% en la de la ROE; y 33% a 60% en la de la ROA.
En contraste, la rentabilidad promedio ponderada de los fondos de capitalización individual (CCI), a septiembre, fue de 10.75%.
Esto significa que las administradoras de fondos de pensiones pudieron alcanzar rentabilidades sobre los activos y sobre el capital invertido superior en hasta seis veces lo que les abonan a las cuentas de sus afiliados.
Como otra cara de la moneda, también es otro negocio muy lucrativo para las AFP y las compañías de seguros.
Al 30 de septiembre de 2019, los afiliados discapacitados, que antes de serlo, contribuyeron con aportes obligatorios de sus salarios a sus cuentas individuales, realizaron 17,570 pensiones por discapacidad. Solo las recibieron 12,212 discapacitados, equivalente al 69.5%.
Mientras que, sobre el caso de los afiliados fallecidos, sus familiares realizaron 22,570 solicitudes de pensiones de sobrevivencias. Solo fueron otorgadas 9,206, lo que equivale al 40.4%.
Sobre el casi 60% restante, es como un mundo de “almas muertas” al estilo novelesco de Nikolái Gógol, sobre la vida rusa rural y profunda de mediados del siglo XIX. Era un negocio comprar almas muertas, en la novela de Gógol, pues valían porque aun muertas sus nombres estaban inscritos en los registros de la propiedad, y eran un medio para inflar la posición social.
Pero en contraste, en el mundo moderno de los fondos de pensiones, la negación de las pensiones de sobrevivencias resulta un medio para inflar la posición financiera de las gestoras de esos fondos, y por demás, eso también infla la posición social.
